Por las “políticas neoliberales”, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, o al menos eso afirmó su actual director, ignorando su uso histórico como cajero del Estado y su mala estructura financiera, que ahora ahoga al erario.
Los números nunca mienten. Banobras ya tuvo que salir a pagar la deuda de 27,000 mdp que Pemex tenía con sus proveedores. El banco que tendría que financiar obras de alto impacto social y comunitario se ve obligado a aliviar la carga fiscal de la paraestatal, que debería ser una pieza fundamental de la economía. Cuando el problema es contable y estructural, los discursos no hacen la diferencia.
Mientras tanto, Guyana (un pequeño país sudamericano) atraviesa su auge petrolero. Pasó de no producir nada a tener plataformas petroleras en aguas profundas en un par de años. Lo relevante no es sólo su nivel de producción, sino su capacidad de transformarla en prosperidad. Sus ingresos por petróleo se destinan a la infraestructura, la educación y la salud. Estos gastos responden a su fondo petrolero, diseñado para el crecimiento económico a largo plazo, un diseño reconocido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
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Guyana se enfocó en instituciones independientes y confiables, creó un marco jurídico sólido que garantizara el cumplimiento y fomentara contratos a largo plazo, adoptó estándares internacionales de transparencia y estableció un régimen fiscal claro. A diferencia de la Reforma Energética, optaron por un modelo 100% privado, sin empresas estatales.
Por nuestro lado, México decidió dar media vuelta. El decreto impuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum en el 2025 revierte la mayoría de los cambios introducidos en la Constitución por la Reforma Energética, aumentando el control del Estado sobre el sector energético y espantando la inversión privada. La tecnología no llega, el capital privado espera o se retira y Hacienda enfrenta mayores riesgos.
Los resultados son visibles para todos. Lo que pasó en Veracruz y en Chiapas no es casualidad, sino una revelación que denota la falta de mantenimiento, la poca profesionalidad y la nula aplicación de la ley: tomas clandestinas, explosiones, fugas de petróleo crudo, contaminación ambiental, personal lesionado. Lo anterior no son accidentes, son el resultado de priorizar el control político, el discurso y la lealtad por encima de la competencia con base en resultados tangibles.
México ya tuvo su auge petrolero y fue a finales de los años setenta; tuvimos el complejo de Cantarell, uno de los más grandes del mundo, y el pico de 3.4 millones de barriles diarios en 2004; esa etapa ya pasó, terminó. Es ilusorio pensar que podríamos replicar lo de Guyana –encontraron mucho petróleo al mismo tiempo y muy junto– además, nuestra población es 160 veces mayor.
La apertura al sector privado durante el 2023 no generó otro “boom petrolero” ni contrarrestó la desaceleración del sector, pero el camino era hacer un modelo más completo, dirigido a atraer tecnología que Pemex no podría financiar, dividir los riesgos con privados y hacer de Pemex una fuente de ingresos estable y no una carga más al erario. El decreto nos cambió un modelo híbrido semifuncional por un monopolio estatal, apostando por un sueño imposible en lugar de una madurez petrolera menos dolorosa y más digna.