Desde el sexenio anterior, el Gobierno Federal ha señalado que ha elevado la recaudación sin recurrir a una reforma fiscal y sin la creación de nuevos impuestos o la modificación de las tasas existentes. Si bien es cierto que se ha aumentado la eficiencia recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria (SAT), también debe tenerse en cuenta que se han llevado a cabo distintos cambios en la normatividad que han permitido que esto ocurra.
Es decir, no se ha presentado la reforma fiscal de gran calado para hacer más progresivo el impuesto sobre la renta (ISR), o bien, cambios en el impuesto al valor agregado (IVA) o el impuesto especial sobre la producción y servicios (IEPS) que permitan fortalecer los ingresos de la forma esperada; sino que se han hecho modificaciones paulatinas para elevar la base de contribuyentes, modernizar el cobro de impuestos y fortalecer las capacidades de fiscalización de las autoridades para reducir la evasión y la elusión fiscal.
Ejemplos de lo anterior son: el combate que se ha llevado a cabo en contra de las llamadas empresas factureras; el cobro de impuestos a las plataformas digitales y a las empresas que brindan servicios de intermediación por internet, aún sin tener un domicilio fiscal en México; la limitación a los servicios de subcontratación y, más recientemente, la adecuación de las cuotas aplicadas a las bebidas azucaradas, videojuegos y al tabaco.
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Una medida menos difundida en el marco de la discusión del paquete económico ha sido la propuesta del propio Gobierno Federal para reformar la Ley Aduanera, con la que busca ampliar y definir las capacidades de fiscalización del propio SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), así como de reducir el contrabando de mercancías. Asimismo, se propusieron cambios a la Ley de los Impuestos Generales a la Importación y Exportación (LIGIE) que, en términos generales, propone elevar las tasas de los aranceles de 10 % a 35 %, en la mayoría de los casos, y que buscan proteger sectores como el automotriz, textil, calzado y juguetes, entre otros. Estos aranceles se aplicarían a las importaciones de aquellos países con los que no tenemos acuerdos comerciales (entre los que destacan China y Corea del Sur, por mencionar algunos).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que, por impuestos a la importación, la recaudación se elevaría en más de 102 mil millones de pesos el próximo año, según cifras de la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que los impuestos a la importación vienen ganando importancia relativa en la recaudación de impuestos y han pasado de representar el 2 % del total hasta 2022, a un 4.4 % para 2026. Adicionalmente, durante 2025, las aduanas del país han sido responsables de la recaudación del 62 % del IVA y del 34 % del IEPS en el país, por lo que, de tener éxito, las reformas podrían impulsar la recaudación en un monto mayor al estimado por la Secretaría.
Aunque estas cifras parecen alentadoras, no debemos olvidar que los aranceles son impuestos que finalmente pagan las y los contribuyentes nacionales y que implican una transferencia de recursos de éstos últimos al Gobierno y a las empresas privadas. Además, debe tenerse en cuenta que tasas elevadas por un período de tiempo prolongado pueden elevar los precios y limitar la inversión tanto interna como externa, e incluso otros sectores desprotegidos, pueden reclamar un trato similar.
Puedes consultar la investigación que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) hizo al respecto en www.ciep.mx
José Luis Clavellina Miller*
Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como maestro y licenciado en Economía por la misma Universidad. Realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Kent en Canterbury. Se ha desempeñado como investigador en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director de Investigación en el CIEP. Entre sus intereses se encuentran la sostenibilidad de las finanzas públicas, la equidad fiscal intergeneracional y el financiamiento para el desarrollo.