En 2026, el presupuesto etiquetado para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres alcanzará un nivel récord: más de 599 mil millones de pesos, equivalentes al 1.5 % del PIB. A primera vista, la cifra parece motivo de celebración. Sin embargo, el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) revela una realidad menos alentadora, ya que el aumento de recursos no se traduce automáticamente en avances hacia la igualdad sustantiva. Esto se debe a que más de la mitad de estos fondos se concentran en programas de transferencias directas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM), con beneficios indirectos sobre la igualdad y sin mecanismos de evaluación que permitan medir su impacto real.
El Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS) muestra que los programas del Anexo 13 incorporan de manera efectiva la perspectiva de género en un 29%. Es decir, la mayoría de los programas carece de objetivos explícitos, indicadores desagregados por sexo o evaluaciones con enfoque de género. Paradójicamente, los programas mejor diseñados como el Programa de Atención Integral a la Mujer de Entidades Federativas (PAIMEF), con 76% de alineación, son los que menos recursos reciben, mientras que los más costosos muestran un diseño deficiente. Este hallazgo cuestiona la lógica del gasto público en dicho Anexo: ¿de qué sirve etiquetar miles de millones de pesos si no se mide su contribución al cierre de brechas entre mujeres y hombres?
El problema no radica solo en cuánto se gasta, sino en cómo y para qué se gasta. Los programas universales de transferencias, aunque importantes para reducir la pobreza, no necesariamente modifican las estructuras que reproducen las desigualdades de género. En contraste, los programas de fortalecimiento institucional, capacitación, cuidado o prevención de la violencia, que podrían transformar las condiciones estructurales de la desigualdad, reciben presupuestos mínimos. De acuerdo con el CIEP, esta asimetría en la asignación impide que el gasto etiquetado se traduzca en autonomía económica, acceso equitativo al empleo o corresponsabilidad en los cuidados.
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México necesita avanzar hacia una política fiscal feminista que integre la igualdad en todo el ciclo presupuestario: desde la planeación hasta la rendición de cuentas. Esto implica reconocer el valor económico del trabajo de cuidados, fortalecer la institucionalidad de los mecanismos de género y exigir resultados verificables. De lo contrario, el país corre el riesgo de confundir gasto con compromiso, y de seguir destinando recursos a programas que perpetúan la desigualdad bajo el disfraz de la inclusión.
En un contexto de desigualdad persistente, la verdadera medida del compromiso gubernamental no está en los montos asignados, sino en la capacidad de transformar estructuras, redistribuir el poder y garantizar que cada peso público contribuya realmente a cerrar las brechas que separan a mujeres y hombres en México.
La investigación completa se puede consultar aquí.
* Alejandra Macías Sánchez
Economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en el Gobierno Federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y actualmente es directora ejecutiva en el CIEP. Se especializa en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, con especial interés en la mejora del sistema fiscal con base en evidencia y perspectiva de género.