Una visita oficial o de Estado con presidentes, primeros ministros o ministras o reyes están rodeadas de algodones. En algunos países, por ejemplo, una vez que el avión del jefe de Estado cruza cielos nacionales suele ocurrir que aviones militares escoltan al visitante en un gesto de cortesía.
En tierra se busca que los dignatarios o dignatarias crucen por caminos seguros, libres de tráfico si es posible.
Luego pasan cosas. Por ejemplo, en agosto de 2016 vino un tumultuoso Donald Trump. La entonces canciller Claudia Ruiz Massieu ni se enteró de la llegada, pese a que desde el 29 de agosto el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, no sólo estaba enterado, le habían solicitado -vía el Servicio Secreto- un total de seis motopatrulleros para su traslado del aeropuerto a Los Pinos, para encontrarse con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
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La visita ocurrió el 31 de agosto, pero el enlace no había sido la canciller sino el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Al final del día, el Estado Mayor Presidencial, que mandó desaparecer Andrés Manuel López Obrador, dispuso de un helicóptero Puma y ya no fueron utilizados los patrulleros de Mancera. Así era el estilo incluso en México.
Marco Rubio, en su calidad de secretario de Estado de Estados Unidos, visitó México el 2 de septiembre. Como ha hecho este gobierno, lo mandó a aterrizar en el AIFA. La vergüenza fue que al cruzar la caseta de cobro de la autopista México-Pachuca ¡le cobraron el peaje! Qué pena con las visitas.
El hecho es anecdótico. Como es natural se viralizó en las redes sociales mofándose del suceso.
En esa ocasión, Marco Rubio planteó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum elimine las barreras arancelarias que, en opinión de su gobierno, impiden el libre comercio entre ambos países, como reseñó puntualmente el diario Reforma en su edición impresa del jueves 4 de septiembre de 2025.
El reclamo, detalló el periódico, refería la política energética por considerar que favorece a la CFE y a Pemex, así como obstáculos regulatorios en temas variados como agricultura, salud, servicios financieros, telecomunicaciones y propiedad industrial.
Días después el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentó al programa en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva que las cosas no eran tan así y buscó matizar las ocho columnas de Reforma, periódico que ha ido hilvanando la crónica de los desafíos y reclamos que desde Estados Unidos se han hecho al menos en los últimos meses.
El domingo 9 de noviembre, por ejemplo, difundió a ocho columnas que los principales estudios de Hollywood urgieron al presidente Donald Trump vigilar la actuación del Poder Judicial de México “para garantizar que sus resoluciones estén en línea con los compromisos del Estado mexicano bajo el Tratado de comercio de América del Norte (TMEC)”, citando un escrito enviado por la oficina del representante comercial (USTR por sus siglas en inglés). Algunos de los remitentes son Sony, Netflix, Universal, Disney, Warner Bros y Amazon.
En esa misma edición se recordó que Business Roundtable, que reúne a unos 200 directores (CEOs) denunció “la politización del Poder Judicial mexicano y sus riesgos para el Estado de Derecho”, al tiempo que reclamaron discriminación en energía, telecomunicaciones, aviación y paquetería. Incluso han acusado al SAT de prácticas fiscales injustas y a la Cofepris de inconsistencias regulatorias.
El 6 de noviembre, Reforma reseñó que refinadores de Estados Unidos denunciaron “protección desleal a Pemex”, pero que también empresas de Japón estaban atentas a las negociaciones del TMEC, según declaración atribuida al embajador en México, Kozo Honsei.
El 4 de noviembre el diario había reseñado el reclamo de las petroleras estadounidenses y pedía la intervención de Donald Trump.
El sábado 1 de noviembre se hizo pública la reclamación de los directores (CEOs) estadounidenses en torno a la reforma judicial. Entre los directivos estaban los de Apple, General Motors, JP Morgan, Walmart y United Airlines.
El jueves 30 de octubre había llevado a su nota principal el “reclamo de la IP de EU a agresividad del SAT”, y en esa ocasión fue la US Chamber of Commerce quien externó el reclamo.
Antes, el viernes 10 de octubre, la Junta Independiente de Expertos Laborales sobre México del Congreso de Estados Unidos estableció que la elección judicial de junio pasado “colocó a jueces sin experiencia que pueden poner en riesgo compromisos de México en el TMEC”.
Sin duda a esta cronología habría que agregar los amagos de incursionar en territorio nacional en su “guerra” contra los cárteles de la droga, entre otros hechos escandalosos por parte de Trump.
Pero en dos meses ha habido muchas señales desde distintos actores de Estados Unidos en contra de México. Si bien se ha sabido que el canciller Juan Ramón de la Fuente tiene línea directa con Marco Rubio y a Ebrard se le ve muy seguido en tierras estadounidenses, algo está pasando.
Para el registro y el tiempo irá dando algunas respuestas.