La gobernanza criminal crea bloqueos que impiden la consecución de la paz. Las estructuras delictivas generan inestabilidad y violencia que erosionan la legitimidad de los actores estatales, para después aprovechar los vacíos institucionales, culturales y estructurales. De esa forma, atienden de manera más oportuna la demanda social, alejando al Estado de los ciudadanos.
En consecuencia, la sociedad suele responder buscando estrategias de supervivencia frente a la violencia: el desplazamiento forzado, la autocensura, la muerte o la aceptación del control criminal como forma de protección.
Es entonces cuando los actores criminales extienden sus redes en el tejido social, infiltrándose en todas las capas del Estado: desde la política, la seguridad y la justicia, hasta la salud, la educación y la administración pública. Ahí donde el Estado se ausenta, ellos llenan el vacío, ofrecen reglas, castigos y, a su modo, cierto orden.
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Como advierte Benjamin Lessing (2021) en su estudio “Conceptualizing Criminal Governance”, el crimen organizado no solo domina por la violencia, sino que gobierna por necesidad: impone normas, resuelve conflictos y sustituye las funciones básicas del Estado, ganando legitimidad práctica entre quienes solo buscan sobrevivir.
Así, el Estado que debía conservar la prerrogativa del uso legítimo de la fuerza se desvanece en un duopolio de soberanías, donde el poder formal convive —y a veces negocia— con el poder criminal que ya dicta la ley en los hechos. El resultado no es la ausencia del Estado sino su cohabitación degradada, putrefacta fétida donde ambos se reconocen, se necesitan, se vigilan mutuamente, y eventualmente se enfrentan y colapsan y mientras tanto la sociedad en medio, atrapada y sobreviviendo bajo las reglas de una disputa por el control.
Ese es el caso de Michoacán, un estado que desde hace décadas ha sido cooptado por estructuras criminales en prácticamente toda actividad económica, política y social. El alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, un férreo crítico del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernaba en un territorio erosionado y debilitado por la violencia, donde los grupos criminales han minado la legitimidad estatal y limitado la capacidad del gobierno para ejercer autoridad.
Ambos —el poder político y el criminal— viven secuestrados en una relación de mutua dependencia que produce la captura del Estado y, por supuesto, de la política. Dondequiera que se mire, puede haber alguien que trabaje con el enemigo. Así, las soberanías criminal y política coexisten de manera paralela, como una sanguijuela alimentándose de la sangre de su huésped.
El malogrado alcalde Manzo tuvo el desatino de enfrentarse a una problemática que lo superaba. Según él mismo afirmó, había solicitado apoyo a la Federación para hacer frente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una empresa criminal transnacional, terrorista e infame, que pretendía apoderarse del territorio de Uruapan, en disputa con Los Cárteles Unidos, presentes en diversas regiones del estado.
De acuerdo con datos públicos, el CJNG mantenía disputas de poder previas y continuas desde la administración de Silvano Aureoles, las cuales se intensificaron durante el actual gobierno. Mientras Manzo intentaba hacer frente a la criminalidad, se colocó en medio de los intereses de ambos bandos, lo que finalmente lo condujo a su funesto desenlace. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que el arma homicida estaba relacionada con dos enfrentamientos previos entre grupos criminales que operaban en la región.
Mientras tanto, el gobernador Ramírez Bedolla, atrapado entre la rivalidad política con Manzo y el impacto social de su asesinato —sumado al homicidio del líder aguacatero en la carretera Charapan–Ocumicho—, enfrenta un clamor social creciente.
A ello se suma que Manzo, además de ser su adversario, podría haber competido por la gubernatura, lo que incrementó la polarización social y los señalamientos sobre su supuesta relación con grupos criminales, a los que él respondió asegurando que tenía la conciencia tranquila. Sin embargo, las alarmas están encendidas en todos los ámbitos de gobierno: este atentado que arrancó la vida del alcalde podría convertirse en el catalizador de una crisis mayor, que, así como encendió Uruapan y Morelia, podría extenderse a otras geografías del país.
Y si bien persiste la sospecha de que detrás de las protestas pueda haber intereses políticos o intentos de manipulación, no debe perderse de vista la realidad del hartazgo social. El empresariado, los limoneros, los aguacateros, las víctimas y una sociedad cansada de la falta de respuestas han salido a las calles. Esto disipa parcialmente la idea de una “mano negra” y revela que las movilizaciones pueden ser legítimas y nutridas por un sentimiento genuino de indignación ciudadana.
El Gobierno Federal ha desplegado más fuerzas militares y policiales, además de anunciar un plan de seguridad y obras de infraestructura. Sin embargo, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, —opositor al gobierno estatal— señaló respecto a las acciones emprendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “No veo algo realmente sustancioso; especialmente, no hay recursos para los municipios, y el 90 por ciento de las acciones, programas y políticas públicas presentadas ya se habían anunciado, ya están presupuestadas o se encuentran en ejecución.”
Lo que hoy ocurre en Michoacán ¿puede ser preludio de un patrón en expansión?
Moneda al aire
Una hipótesis que ronda en el ambiente gira en torno a la muerte de Víctor Manuel “N”, identificado como el presunto sicario del alcalde Manzo. Se sospecha que el adolescente no murió durante el enfrentamiento, sino poco después de ser detenido, ya bajo custodia.
El gobierno de Ramírez Bedolla también informó sobre una segunda línea de investigación, ahora enfocada en los escoltas personales del alcalde, quienes formaban parte de su primer círculo de seguridad.