La Sedena informó que Michoacán enfrenta una ofensiva decidida para enfrentar una violencia que ha ensombrecido al estado por décadas. El Plan Paricutín, con un despliegue robusto de fuerzas y una estrategia integral, busca no solo contener el delito, sino atacar sus raíces, restaurar la seguridad y recuperar la confianza de las comunidades. En este marco, la actuación del gobierno federal bajo la autoridad de la nueva etapa de seguridad pública, y la determinación de la jefa de gobierno a nivel nacional de ir de frente contra este flagelo, se proyectan como una decisión histórica: coordinar la seguridad en Michoacán con una visión de largo plazo y con responsabilidad compartida entre el federal y el estatal.
La valentía del gobierno de Claudia Sheinbaum se ha hecho evidente al enfrentar un problema que ha marcado a Michoacán durante décadas. La capacidad de homologar una estrategia de seguridad de alto nivel con una implementación en terreno exige claridad operativa, disciplina institucional y una comunicación constante con las comunidades. En este esfuerzo, el gobierno de México asume la responsabilidad de seguridad en el estado, articulando recursos y mandos para combinar la seguridad preventiva, la intervención focalizada y la protección de víctimas y testigos. Es un rumbo que busca no sólo detener la violencia, sino construir las condiciones para que la ley y la paz sean efectivas en el acercamiento diario de las personas a la vida cívica y a sus derechos.
A la luz del Plan Paricutín, se propone replicar, en Michoacán, el marco de la estrategia de seguridad que ha mostrado resultados cuando se aplica con rigor y con apego a los derechos humanos. Esto implica un enfoque integral que combine despliegues operativos, fortalecimiento institucional y un refuerzo de la prevención, siempre con rendición de cuentas y evaluación continua. A continuación, 12 ejes para entender cómo se traduce ese enfoque a nivel estatal, con el Plan Paricutín como columna vertebral:
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- Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Michoacán: atención a las causas de la violencia mediante educación, empleo, programas sociales y bienestar, con opciones de desarme voluntario y medidas de reinserción.
- Consolidación de la Guardia Nacional y capacidades estatales: integración operativa entre Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fiscalía del Estado, con equipamiento y capacitación actualizados para una respuesta coordinada.
- - Fortalecimiento de Inteligencia e Investigación: uso de tecnología y unidades especializadas para desarticular redes violentas y neutralizar generadores de violencia, con base en evidencia.
- Fortalecimiento de la Estrategia Anticorrupción y combate a la extorsión: detenciones y desmantelamiento de estructuras criminales; protocolos de atención estandarizados; creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias; coordinación con Defensa, Marina y FGR; y ampliación de la capacitación de operadores del número 089.
- Coordinación interinstitucional con enfoque en derechos humanos: operaciones proporcionadas, transparentes y respetuosas de la dignidad de las personas, para ganar confianza social y legitimidad operativa.
- - Despliegue estratégico de fuerzas y operaciones específicas: implementación de planes como Paricutín con despliegues coordinados de Ejército y Guardia Nacional, y de la Marina en zonas estratégicas; revisión y ajuste táctico continuo.
- Consolidación de capacidades y recursos ya en operación: reconocimiento de lo ya desplegado y fortalecimiento de cobertura, disuasión y respuesta en distintos municipios.
- Gabinete de Seguridad y articulación con autoridades locales: visitas y encuentros regulares para diagnósticos compartidos, políticas públicas coordinadas y ajuste de estrategias ante dinámicas regionales.
- Cooperación interinstitucional con las fuerzas armadas y otras dependencias: fortalecimiento de la cooperación con Defensa, Marina y la FGR, para operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y acciones coordinadas.
- Enfoque preventivo y comunitario en seguridad: inversión en prevención situacional, presencia comunitaria y programas sociales para reducir vulnerabilidad y fortalecer la cohesión social.
- Fortalecimiento institucional para la denuncia y protección de víctimas: canales de denuncias eficientes y confiables, atención rápida y protección a víctimas y testigos, para cortar ciclos de violencia y extorsión.
- Rendición de cuentas, monitoreo y evaluación: mecanismos de supervisión, evaluación y transparencia de resultados, con reportes periódicos y ajustes basados en evidencia para traducir recursos en seguridad real.
Por último, el Plan Paricutín representa, en la práctica, una definición clara de seguridad compartida: el Estado mexicano asume la responsabilidad central, la Federación coordina con el gobierno de Michoacán y las comunidades participan como piezas clave de la prevención y la legitimidad. Si se mantiene la disciplina operativa, la rendición de cuentas y el apego a los derechos humanos, este esfuerzo podría convertir décadas de violencia en un marco de seguridad sostenible y de confianza ciudadana. Michoacán merece, y hoy parece empezar a tener, una seguridad que no solo castiga el delito, sino que enmarca la paz como una realidad cotidiana para sus familias y sus comunidades.