La noche del 1 de noviembre de 2025, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado en pleno acto público por un joven de solo 17 años de edad, quien fue abatido por la seguridad del edil en el sitio. El fiscal estatal señaló que dicho adolescente había sido reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que el arma utilizada ya había sido identificada en otros homicidios. Sabemos que, en México, los grupos criminales han venido captando a niñas, niños y adolescentes para cumplir tareas de mensajería, vigilancia, traslado de droga o, directamente, ejecución. Y pese a los múltiples informes y recomendaciones de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil, prácticamente, autoridades y sociedad hemos ignorado esta tragedia.
El reclutamiento de menores por la delincuencia organizada en México tiene elementos crecientes y estructurales. El estudio de Reinserta “Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada” (2022) documenta que los menores en contacto con esos grupos son captados desde edades tempranas (12 a 15 años, incluso menores) en múltiples actividades ilícitas. De forma paralela, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) estimó que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes estaban en 2020 en riesgo de reclutamiento o utilización por agrupaciones delictivas, y que en siete entidades se concentraba más del 55% de ese riesgo. El Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en su “Primera estimación del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México”, publicado en octubre de 2021, dijo que, en el país, podrían existir entre 35 mil y 460 mil menores involucrados, dependiendo de la metodología.
Desde 2011, la ONU ha reiterado de forma constante la misma recomendación a México: tipificar como delito el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales. El Comité de los Derechos del Niño lo señaló por primera vez ese año, lo reiteró en 2015 y nuevamente en 2024, subrayando la falta de avances legislativos y de políticas eficaces para prevenir el fenómeno. A pesar de estas reiteraciones, y de que desde 2021 se han presentado diversas iniciativas en el Congreso mexicano —la más reciente en marzo de 2025—, la reforma para incluir este delito en el Código Penal Federal sigue pendiente de aprobación.
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La tipificación del delito sería positiva, aunque no suficiente. Se requieren políticas integrales de prevención, reparación y sanción, como las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Latinoamérica hay varios ejemplos de programas comunitarios en barrios de alta violencia que han logrado reducir la captación de menores al ofrecer alternativas de formación, mentoría, empleo juvenil, recreación y vínculo comunitario. Estos modelos muestran que resulta indispensable trabajar en los territorios, en las escuelas, en los hogares con factores de riesgo, con recursos humanos formados, retorno educativo y alternativas de vida; cosas que no hemos hecho en México, quizás porque los menores no votan.
Si México continúa sin atender el reclutamiento forzado de menores, perpetuará un ciclo de violencia que rompe vidas, destruye comunidades y debilita al Estado. Cada niño captado por el crimen es una persona perdida y una sociedad fracasada. Frenar este fenómeno no es solo un deber moral: es una condición urgente para la paz y la viabilidad del país.