Un país que no produce lo que come, está en riesgo. Así de simple. A eso se le llama autosuficiencia alimentaria, y significa que una nación puede alimentar a su población sin depender de las importaciones. No se trata solo de granos, se trata de independencia, estabilidad y seguridad nacional porque un país que depende de otros es un país vulnerable: basta una guerra, una sequía o una decisión política en otro lugar para dejarlo sin comida.
Los organismos internacionales coinciden en que la autosuficiencia alimentaria es estratégica. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) recomienda que los países produzcan al menos 75% de los alimentos que consumen, y que los gobiernos inviertan en precios justos, créditos accesibles y tecnologías sustentables para el campo. En Europa, por ejemplo, la Política Agrícola Común otorga subsidios directos a los productores para garantizar precios mínimos y protegerlos de la volatilidad internacional. En Estados Unidos, el gobierno federal también apoya con seguros, créditos y compras públicas de granos. En ambos casos, el objetivo es el mismo: asegurar que los agricultores sigan sembrando, aunque el mercado global cambie.
¿Y México?
Según cifras oficiales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en 2024 el país alcanzó una autosuficiencia del 61% en alimentos básicos. Es decir, producimos poco más de la mitad de lo que comemos. Pero los números esconden una desigualdad profunda: México es autosuficiente en maíz blanco —el que usamos para tortillas—, pero depende casi totalmente del maíz amarillo importado, que se usa para alimentar ganado e industria. Cada año compramos alrededor de 17 millones de toneladas de maíz amarillo a Estados Unidos, según datos del SIAP. Esto nos hace extremadamente dependientes del mercado estadounidense.
Te podría interesar
Por eso, cuando los agricultores de maíz exigen un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada, no piden un privilegio: piden sobrevivir. El precio de garantía es una herramienta de política pública que asegura un pago mínimo al productor, aunque el precio internacional caiga. En México, estos precios los administra Segalmex, y su propósito es proteger a los pequeños agricultores frente a la competencia desigual con grandes agroindustrias o importaciones subsidiadas. Hoy, con los costos de producción por arriba de los 6,500 pesos por tonelada, muchos productores apenas logran cubrir sus gastos.
Sin embargo, los precios de garantía no bastan por sí solos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria que implica producir de manera estable y sostenible la mayor parte de los alimentos que consume el país. Para lograrlo, se necesita mucho más que un precio mínimo. Estados Unidos complementa los precios de apoyo con subsidios directos, seguros agrícolas, infraestructura de riego, investigación tecnológica y créditos blandos. La Unión Europea combina precios mínimos, ayudas por superficie, y políticas ambientales. México debe tecnificar el campo más allá de los grandes productores y hacerlo más productivo, además de terminar con el flagelo del crimen organizado sobre los productores, llevar servicios de calidad a las áreas rurales y promover que los campesinos tengan mejores salarios para que vivir del campo sea rentable.
Es vital que los campesinos puedan seguir sembrando, viviendo de su trabajo. Un precio de garantía justo y, sobre todo, una política para la autosuficiencia alimentaria, no solo sostiene a los agricultores: sostiene el plato de todos los mexicanos.