México presume brújula propia en política exterior. La Constitución, en su artículo 89 fracción X, establece los principios: la autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción del uso de la fuerza, igualdad jurídica de los Estados, cooperación para el desarrollo, promoción de derechos humanos y paz. El estándar no es el discurso, es la congruencia entre esos principios y decisiones medibles, sin embargo, frente a Gaza, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha combinado aciertos puntuales con omisiones que vacían de contenido esos principios.
Acierto: en 2024 México, junto con Chile, remitió una comunicación a la Corte Penal Internacional sobre la situación en Palestina para solicitar para que se investigaran crímenes de su competencia. Fue una decisión correcta y valiente que nos colocó del lado de la legalidad y de las víctimas. También fue acertado reclamar la liberación de personas mexicanas detenidas tras las intercepciones de la Flotilla Global Sumud y subrayar que llevar ayuda humanitaria no es delito.
El problema aparece al pasar del enunciado a la política pública. La presidencia usó por primera vez la palabra ‘genocidio’ para referirse a Gaza, pero no tradujo esa gravedad en una estrategia con plazos, métricas y aliados. Decirlo en conferencia no cambia nada sin diplomacia sostenida. Hoy México carece de una hoja de ruta para respaldar activamente las órdenes emitidas el 26 enero, 28 marzo y 24 mayo de 2024 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que exigen acceso humanitario inmediato y efectivo, no ha propuesto un mecanismo de seguimiento en foros multilaterales y no existen lineamientos públicos de debida diligencia para que el Estado y el sector privado eviten contribuir materialmente a un bloqueo que impide el socorro humanitario.
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La Cancillería mexicana presume continuidad histórica: dos Estados, alto al fuego, derecho internacional. Pero la coherencia se mide en decisiones incómodas. Cuando se trató de Ucrania, México defendió la integridad territorial y rechazó las anexiones de facto. En el Sahara Occidental, ha respaldado reiteradamente la autodeterminación en el marco de la ONU. Si esas son nuestras reglas, deben aplicar también a Palestina. Y sin embargo, la respuesta ha sido tibia y reactiva: comunicados, protección consular, llamados genéricos a la paz.
Es un error la timidez para usar los instrumentos multilaterales que nuestro marco constitucional permite. La política exterior no puede quedarse en buenas intenciones, necesita arquitectura operativa, y esa arquitectura existe. El derecho del mar protege la libertad de navegación y el derecho internacional humanitario prohíbe usar el hambre contra la población civil. Las órdenes de la CIJ son vinculantes, no recomendaciones. La pregunta no es si tenemos base jurídica, sino si vamos a usarla. México tiene capital diplomático, credenciales históricas y, además, una política exterior feminista anunciada que debería verse en el terreno, no solo en discursos.
En Gaza, las mujeres y las niñas enfrentan barreras extremas para acceder a salud sexual y reproductiva, agua y saneamiento, y están más expuestas a violencia en contextos de desplazamiento. México podría liderar la conversación sobre “corredores de cuidados” y financiamiento específico para canastas con insumos de salud sexual y reproductiva, e higiene menstrual, con organizaciones de mujeres como socias ejecutoras. México lideró la bandera de la política exterior feminista, aquí tiene una oportunidad real de hacerla valer.
México puede hacer tres cosas, sin estridencias y con eficacia
Primero, respaldar de forma explícita las órdenes de la CIJ y proponer en la Asamblea General un mecanismo de seguimiento trimestral, con metas de “acceso a escala” y reportes públicos sobre pasos fronterizos, distribución y seguridad de convoyes. Sin monitoreo no hay cumplimiento. Segundo, impulsar un esquema de convoyes humanitarios verificados con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud, que incluya notificación previa, inspección neutral de carga en puertos de salida y observación internacional durante la travesía. México puede desplegar personal técnico y dar garantías políticas para que el corredor sea confiable. Tercero, activar internamente la regla de no asistencia: revisar licencias de exportación de bienes de defensa o doble uso, emitir lineamientos a aseguradoras y sociedades con operaciones en México para no facilitar logística que impida el socorro, y publicar criterios de debida diligencia de Hacienda y Economía sobre riesgo de complicidad. Políticas y acciones claras y contundentes, no espectáculo.
Claudia Sheinbaum no tiene que inventar una doctrina nueva, solo aplicar la que ya existe. No se trata de elegir bando, se trata de cumplir nuestras propias reglas cuando son incómodas. Si el gobierno quiere liderazgo en el Sur Global, debe demostrarlo con hechos: con la Corte como marco, con convoyes que lleguen y con una economía que no engrase el bloqueo. A México ya le toca estar a la altura de su propia Constitución.