Apenas la semana pasada se reportó que el Pentágono había desarrollado un memorándum en el que el presidente Donald Trump informaba que Estados Unidos se encontraba en un conflicto armado contra los cárteles de la droga. En septiembre, la DEA también sugirió la posibilidad de realizar ataques selectivos contra capos del narcotráfico en América Latina. Incluso, el entonces administrador interino de la agencia, Derek S. Maltz, declaró que estaría totalmente a favor de atacar los laboratorios de producción y a los líderes criminales.
Ayer, el Departamento de Justicia, a través de la Oficina de Asesoría Legal (OLC), opinó que el presidente estadounidense puede autorizar el uso de la fuerza letal contra los cárteles, dado que estos representan una amenaza considerada inminente para Estados Unidos. Sin embargo, esto no se limita a las organizaciones terroristas extranjeras (FTO) designadas en febrero, sino que alcanza a cualquiera que, a juicio de la administración, deba ser ejecutado sumariamente sin revisión legal.
Esto parecería formar parte del marco de lo que actualmente sucede en Sudamérica y del escalamiento de acciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, donde ya se reportan 21 fatalidades derivadas de ataques contra embarcaciones (“narcolanchas”). No obstante, ello no implica que las operaciones hayan sido diseñadas ex profeso contra grupos venezolanos, aun cuando se acompañan de un discurso firme a favor de un cambio de régimen en ese país.
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La pregunta obvia es cómo podría esto afectar a los cárteles mexicanos. Para no quedarse atrás, la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, aseguró que se ha registrado un incremento del 830% en agresiones y ataques contra agentes del ICE, a lo que se suman amenazas directas y recompensas de hasta 10 mil dólares por asesinar a un oficial y 2 mil por secuestrarlo. Esto no puede tomarse a la ligera. Y si bien Noem no señaló expresamente a los cárteles mexicanos, las medidas no harían distinción por nacionalidad: la respuesta sería rotunda y contundente bajo los lineamientos ya aprobados.
¿Qué podemos esperar?
De confirmarse las filtraciones, muchas agencias, tanto militares como civiles, han analizado la posibilidad de ejecutar ataques armados contra grupos narcoterroristas, todos ellos han concluido que las herramientas jurídicas dotan de esta facultad al presidente de Estados Unidos, y por ende a sus fuerzas armadas.
En ese escenario, ¿los cárteles mexicanos podrían convertirse también en objetivos? Por supuesto, y de consolidar alguna de las amenazas perpetradas por grupos como la Chapiza, sin lugar a dudas, así lo advierte el experto en seguridad, inteligencia y crimen organizado Ghaleb Krame: “Washington dejaría atrás los marcos tradicionales de cooperación; podría imponer sanciones selectivas, activar facultades antiterroristas e incluso justificar acciones extraterritoriales bajo la doctrina de protección a nacionales”.
El académico agregó: “Para México, el riesgo es doble: perder el control narrativo sobre su soberanía y verse obligado a redefinir su política de seguridad ante un aliado que ya no ve cárteles, sino estructuras terroristas en expansión”.
Lo cierto es que nuevas presiones también se avecinan con la posible imposición, a partir del 1 de noviembre, de un arancel del 25% a la importación de camiones pesados, lo que impactaría un sector cuyas exportaciones superan los 40 mil millones de dólares anuales. Mientras tanto, México, a través de la Secretaría de Economía y por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscaría una salida negociada para evitar un conflicto comercial mayor.
Aquí cabe la pregunta: ¿esta escalada vendrá acompañada de la entrega de un nuevo grupo de delincuentes —ahora políticos— o hay algo más sobre la mesa que aún no alcanzamos a ver?
Moneda al aire: ¿Warfare?
Mientras tanto, al interior de Estados Unidos, las tensiones se han intensificado. El presidente Trump ha desplegado a la Guardia Nacional de varios estados, como Texas, para ser enviada a Oregón e Illinois, lo que ha exacerbado el enfrentamiento entre el Partido Demócrata y los Republicanos. Los gobiernos estatales opositores a Trump han comenzado a promover acciones judiciales para frenar esta ofensiva, al tiempo que han elevado el tono con el cierre parcial del gobierno federal.
El fiscal general de la República Alejandro Gertz, ha sido muy enfático en apuntar que los vínculos de Hernán Bermúdez con la delincuencia organizada es clara, fuentes ministeriales han advertido que la investigación de “Los Bermúdez” se extiende a lavado de dinero, a giros negros, casinos, cabarets, y por supuesto a un entramado que se extiende a centros de espectáculos, moteles, hoteles, bares, cabarets, dinero del narco de ese grupo delincuencial.