La última semana, el blanco de la política antidrogas del actual gobierno de Donald Trump dio un giro repentino, pues la gran presión que inicialmente parecía sólo en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, se está extendiendo al resto de la región latinoamericana.
Esta semana, Washington incluyó entre sus objetivos antinarcóticos a Colombia, país que históricamente ha sido uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la lucha contra las drogas ilícitas. Si bien en principio los dimes y diretes que se intercambiaron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump podrían encasillarse dentro de una retórica mediática por parte de ambos mandatarios dadas sus respectivas personalidades, es innegable que ha tenido efectos negativos para Colombia.
La tensión que ahora existe entre Bogotá y Washington está en un punto de no retorno en el que están latentes no sólo las consecuencias para Colombia, también el hecho de que el presidente Trump pueda expandir las operaciones antinarcóticos al Pacífico, profundizando con ello el nerviosismo sobre la próximas acciones del gobierno estadounidense y una posible escalada militar en toda la región.
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Esta última idea cobra fuerza pues entre el 23 y 24 de octubre coincidieron al menos tres hechos contundentes. El primero, es que la retórica beligerante del presidente Trump subió de tono y ahora alude a posibles ataques terrestres a Venezuela; el segundo es la orden por parte del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, de que la escuadra que acompaña al portaaviones Gerald R. Ford, el más avanzado de la Marina y considerado el buque de guerra más grande del mundo, se traslade al mar Caribe, en donde se sumará a una gran acumulación de fuerzas militares estadounidenses; y finalmente, el tercer acontecimiento fue el ataque nocturno contra una embarcación que supuestamente llevaba drogas en el Caribe, matando a seis personas que iban a bordo y elevando la cifra de embarcaciones atacadas a 10 y el número de personas fallecidas a 43 desde que Estados Unidos comenzó su campaña el 2 de septiembre pasado; este último ataque da muestra de que las fuerzas armadas estadounidenses están llevando a cabo de manera persistente ataques contra supuestas embarcaciones de droga.
En el caso específico de Colombia, sin duda dichos ataques a embarcaciones han contribuido a deteriorar más la relación con Estados Unidos, pero es innegable que el presidente Petro ha venido acumulando una serie de gestiones y acciones desafortunadas que no sólo derivaron en la descertificación de Colombia por los bajos resultados que su política de “paz total” ha tenido en la lucha contra el narcotráfico, poniendo al país sudamericano a la par de Afganistán, Bolivia, Ecuador y Venezuela. De igual forma le han valido que el departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo incluya (a Gustavo Petro) en la lista Clinton que contiene a aquellas personas vinculadas con el narcotráfico o con el crimen organizado; por si fuera poco, a dicha lista se agregaron a la esposa y al hijo mayor del presidente colombiano, así como a su ministro del Interior, Armando Benedetti.
Hasta ahora, tanto el presidente Trump como su gobierno han sido muy cuidadosos en decir que es el presidente Petro y no las fuerzas armadas de Colombia y los colombianos hacia los que enfocan sus sanciones. Inclusive, los estadounidenses anunciaron que no impondrán aranceles adicionales a Colombia.
No obstante, el gobierno de Donald Trump también ha sido muy claro en que la “paz total” de Petro ha tenido como efecto el fortalecimiento del crimen organizado en Colombia. En este sentido, si bien es cierto que la crisis de drogas en Estados Unidos es a consecuencia del fentanilo y otros opioides, y que Colombia prácticamente no produce este tipo de drogas, el país sigue siendo el principal proveedor mundial de cocaína. De hecho, de acuerdo con las Naciones Unidas, la producción de cocaína en Colombia aumentó cerca del 53% en 2023, este incremento a su vez coincide con un aumento de la violencia contra líderes sociales, un deterioro de la seguridad y una mayor presión contra los grupos indígenas y afrocolombianos en las zonas dominadas por el crimen organizado.
En este contexto desventurado, parece que lo que está haciendo Gustavo Petro es atrincherarse donde siente que tiene más fuerza, es decir, llamando a la movilización social en defensa de la soberanía colombiana, a sabiendas de que es él, Petro, el que está en la mira de Estados Unidos.