La pregunta resulta clave siempre que se quiera entender la cobertura de los medios. ¿Quién les paga? Es así porque a la hora de decidir qué y cómo se publica una noticia, una variable que puede pesar es sin duda la publicidad, ya sea privada u oficial.
Por eso resulta relevante el más reciente reporte de Artículo 19, publicado esta misma semana, en el que analiza datos relevantes sobre cómo se han ejercido los recursos tanto a nivel federal, como entre los gobiernos de los estados durante el 2024.
No tiene sentido repetir las cifras que pueden ser leídas directamente en esta liga. Sin embargo, sí resulta pertinente para este espacio destacar cinco hallazgos del mismo:
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- Cada quién gasta como quiere. Sin reglas nacionales o locales que establezcan los criterios para la compra de publicidad oficial, cada entidad otorga recursos a discreción.
- La caja está abierta. El proceso es tan laxo, que durante el 2024, 13 entidades gastaron más del doble de lo que tenían asignados por sus Congresos Estatales. Hablamos, solo en la primera parte del año pasado, de más de 2,400 millones de pesos.
- Ganadores a discreción. Naturalmente, eso se refleja también en una manga ancha que permite concentrar los recursos en pocos ganadores, con muchos perdedores que reciben poco o nada.
- ¿Pagan para que les peguen? Las tres condiciones anteriores sirven la mesa para que el recurso oficial sea una poderosa herramienta para afectar las coberturas periodísticas, al premiar a quien se alinea, y castigar a quien critica.
- En una caja negra. Procesos, además, que pasan por debajo de la esfera de rendición de cuentas, con contratos opacos que no son de fácil revisión.
Es verdad que en los señalamientos de Artículo 19 no hay novedad. Más allá de los montos y del hecho de registrar que la baja en la publicidad federal ha sido ocupada por la publicidad local, lo cierto es que no hay elementos inesperados.
Ello sin embargo no es un atenuante sino lo contrario. Confirma que partidos van y partidos vienen, en gobiernos de todos los tamaños y colores, y el manejo discrecional de los recursos se mantiene.
Tema que debería preocupar, en especial, ante la constante caída de la publicidad privada -desplazada desde hace décadas hacia la pauta digital- lo que aumenta la dependencia de los medios de las decisiones de la autoridad.
Se trata de una deuda que debe ser reconocida. Toca ahora exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum y a los Congresos -federal y locales- que entren con seriedad al tema pues lo que está en juego no solo va de la independencia de la prensa frente al poder, sino que constituye una pieza clave para que los ciudadanos tengamos la información necesaria para tomar mejores decisiones.