La ubicación geográfica de nuestro país lo hace propenso a varios fenómenos naturales como sismos, ciclones, huracanes, tormentas, entre otras. Por ello, la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) dejó a nuestro país en un grado vulnerable ante estos fenómenos que ameritan una atención inmediata.
En años anteriores este Fondo permitió dar una respuesta inmediata a la población ante desastres naturales que urgieron la intervención el estado mexicano, así que su extinción por el entonces presidente López Obrador bajo argumentos de corrupción o la centralización de recursos no ha permitido atender las necesidades más apremiantes de la población ante desastres naturales.
Además, la extinción del Fonden no fue acompañada de un modelo que lo sustituyera o de directrices que el gobierno debiera seguir, lo que ha provocado que la ciudadanía quede a la deriva por decir lo menos. Esto por supuesto, irrumpe el espíritu de un gobierno que se dice democrático y que se debe al pueblo. La realidad tristemente es otra.
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Las intensas lluvias registradas en los últimos días que han provocado inundaciones severas, deslizamientos de tierra e incluso destrucción de infraestructura pública y viviendas en varios estados de la República han dejado miles de personas damnificadas, incluso algunos medios de comunicación hablan sobre al menos 64 personas muertas y más de 60 personas desaparecidas.
Los estados más afectados por las precipitaciones se registran principalmente en los estados de Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Tabasco y Tamaulipas que, si existiera el Fonden las entidades federativas ya habrían activado la declaratoria de emergencia bajo los lineamientos del Fonden para que hubieran recibido con oportunidad ayuda del gobierno federal.
La ausencia del Fonden ha dejado un vacío operativo en el que no existen reglas claras para la atención de las personas que se encuentran en situación vulnerable ante desastres naturales.
La presidenta Sheinbaum afirmó recientemente que el gobierno federal cuenta con un fondo de alrededor de 19 mil millones de pesos para atender estas emergencias, sin embargo, no existe una política pública o criterios que transparenten claramente cómo se utilizarán estos recursos ante las circunstancias que afectan a miles de personas.
Por lo tanto, parecería que lo que prevalece es la discrecionalidad en la utilización de los recursos, contrario a los criterios transparentes con los que se utilizaban los recursos del Fonden.
Consecuentemente, el riesgo de utilizar recursos públicos sin criterios claros u obligatorios es el posible desvío de recursos, posible corrupción y opacidad en la implementación de “supuestos” apoyos a la población afectada.
Ahora bien, no se trata de reinstalar el Fonden sino de construir un instrumento que lo mejore, que tenga reglas claras, con lineamientos que atiendan de manera efectiva a la población y bajo un esquema transparencia y rendición de cuentas.
Independientemente de lo que tanto la Constitución como diversas leyes establecen respecto a las obligaciones del estado mexicano para atender las necesidades más apremiantes de la población, todo gobierno que emana de la voluntad popular manifestada en las urnas tiene invariablemente la obligación de velar no solo por los intereses de la ciudadanía, sino de su auxilio, sobre todo ante las catástrofes naturales que eventualmente se suscitan en nuestro país.
El gobierno debe atender con prontitud y diligencia a todas las personas que se encuentran afectadas por las severas inundaciones registradas en días anteriores, es su obligación, y constituye uno de los principios democráticos consagrados en nuestra Constitución.