Bien dicen que el vecino Estados Unidos se está latinoamericanizando, o al menos en lo referente a la tirante relación entre los grandes consorcios mediáticos y el poder político, y con respecto al declive de la libertad de expresión. La nación que se jacta de ser la cuna de la Primera Enmienda hoy vive una de las crisis más profundas y paradójicas de sus principios fundacionales. Bajo la presidencia de Donald Trump, lo que se suponía un derecho inalienable se ha visto sometido a una presión sin precedentes desde el corazón del poder ejecutivo, presión que ha expuesto las vulnerabilidades de un sistema de medios que se encuentra en la tensa encrucijada entre la defensa de la democracia y la salvaguarda de sus intereses económicos. Una tensión que, como en México de sobra sabemos, tiende a inclinarse por lo segundo bajo el disfraz de lo primero.
En su relación con los medios, Trump se ha erigido como el arquetipo del líder populista moderno. Para él, la libertad de expresión no es un derecho universal, sino un privilegio para quienes lo aclaman. Lejos de la persuasión o el debate, su estrategia ha sido la confrontación directa, la descalificación y la censura hacia la prensa, con la que no busca debatir, sino capturar para convertirla en instrumento de su propia propaganda. Su retórica –cargada de desprecio hacia los medios, a los que califica frecuentemente como “enemigos del pueblo”– ha sido una constante declaración de guerra contra el llamado cuarto poder.
La censura del humor y la coacción a los conglomerados
Uno de los frentes más claros de esta afrenta se manifiesta en su cruzada personal contra los programas de late night comedy. El caso más reciente es el de la abrupta suspensión del programa Jimmy Kimmel Live! de ABC por supuestos comentarios insensibles del conocido presentador tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La presión del trumpismo no fue un simple ataque personal, sino una maniobra calculada que explotó los intereses comerciales de la matriz de la cadena, Disney. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, un aliado de Trump, emitió una amenaza velada pero clara, al advertir que las empresas podían “hacer esto por la vía fácil o por la difícil”. Para Disney, el riesgo era inmenso, pues sus vastos y lucrativos negocios dependen de las licencias de radiodifusión y las aprobaciones de fusiones de la FCC. Ante la amenaza de un castigo financiero y regulatorio, el gigante del entretenimiento cedió.
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La censura del humor, lamentablemente, no se limitó a Kimmel. El caso de otro late night host, Stephen Colbert de la CBS, es aún más revelador. A mediados de 2025, la cadena anunció la cancelación de The Late Show with Stephen Colbert, una decisión que muchos observadores consideraron como una represalia política. El anuncio se produjo luego de que Colbert criticara un acuerdo legal entre Trump y la matriz de CBS, Paramount. La cancelación de un programa tan exitoso, líder en su franja horaria, generó acusaciones de que CBS había cedido a la presión para proteger una fusión multimillonaria que requería la aprobación de la FCC. Otros presentadores nocturnos, como Jimmy Fallon de la NBC, también han sido objeto de las críticas públicas de Trump, quien ha manifestado su intención de que salga del aire. En este clima de hostilidad y miedo, la amenaza tácita es innegable: cualquier crítica podría tener consecuencias profesionales. Ello demuestra que la sátira y el humor –herramientas vitales para ejercer la crítica en una democracia– se han convertido en blancos del poder ejecutivo.
El asedio a los medios no se detiene en la comedia. El presidente Trump ha usado el poder del Estado para amenazar con retirar las concesiones a cadenas de noticias, un intento claro de usar la FCC para coartar la libertad editorial. La nominación de un aliado incondicional como Carr para liderar esta agencia no fue una casualidad, sino un movimiento estratégico para poner el poder regulatorio al servicio de su agenda, lo que abre la puerta a una censura encubierta bajo el pretexto de la justa aplicación de las normas.
Esta estrategia de asfixia se ha dirigido también a los medios públicos y alternativos. El intento de recortar drásticamente el presupuesto para la Corporation for Public Broadcasting (CPB), que financia a la PBS y la NPR, ha sido un claro intento de debilitar a las voces que considera sesgadas o progresistas. Para un líder populista en busca del control total del discurso, no hay espacio para la disidencia.
La afrenta a la prensa se ha mostrado, además, en el control del flujo informativo. La batalla contra la Associated Press (AP) para la acreditación en la Casa Blanca ha sido un intento de castigar a la agencia por su cobertura crítica. De igual forma, el cierre de sitios web gubernamentales de acceso público ha significado una forma de control de la información que roza el oscurantismo, ya que ha vuelto inaccesibles datos cruciales para la investigación y la rendición de cuentas.
La culminación de esta estrategia de control se vio en las medidas impuestas por el Pentágono en septiembre de 2025. El otrora Departamento de Defensa implementó una nueva política que exigía a los periodistas firmar un acuerdo donde se comprometían a no publicar información no autorizada, otorgando al Pentágono un poder sin precedentes para dictar lo que se podía y no se podía informar. La negativa de un gran número de medios, desde CNN y el The New York Times hasta la AP, provocó una confrontación directa.
Pero quizás la táctica más preocupante del arsenal de Trump contra la prensa ha sido el uso de causas legales. En un caso emblemático, presentó una demanda por difamación de 15 mil millones de dólares contra The New York Times y cuatro de sus periodistas. Aunque la querella fue desestimada por un juez, el caso cumplió su propósito como una táctica de intimidación, al enviar un mensaje claro a otros medios de que la crítica acarrearía un costo legal y financiero.
Estos peligrosos actos demuestran una visión de la libertad de expresión fundamentalmente errónea. Trump no busca un debate de ideas, sino un eco de su propia voz. Su objetivo es someter, no persuadir; su lógica es la de la propaganda, no la de la deliberación. En este contexto, la Primera Enmienda se convierte en una ironía. La era Trump ha puesto en evidencia que la libertad de expresión no es un derecho que se dé por sentado, sino una lucha constante. La batalla por la verdad y la información libre no solo se libra en las calles, sino también en las oficinas de los agentes reguladores y en los despachos de los líderes políticos. El reto ahora es entender que la libertad de expresión no es la libertad de un solo hombre para hablar, sino el derecho de todos a escuchar y ser escuchados, sin que ningún poder se interponga.