El lunes por la mañana, mientras me preparaba para iniciar la semana, escuché la noticia sobre dos personas desaparecidas en lugares y circunstancias muy distintas, Kimberly Moya y Carlos Emilio Galván, lo que nos recuerda que esta grave crisis sigue muy presente en nuestro país.
En el primer caso, una estudiante del CCH Naucalpan de apenas 16 años, salió de su casa poco antes de las 4 de la tarde del pasado 2 de octubre para imprimir una tarea escolar en un café internet cercano y, a la fecha se desconoce su paradero, con lo que son cuando menos 8 jóvenes desaparecidas en los últimos dos meses en este municipio. Después de que familiares y amigos se manifestaran y cerraran vialidades para exigir respuesta de las autoridades, hace un par de días detuvieron a dos sujetos al parecer involucrados con su desaparición, ya que supuestamente la interceptaron cuando regresaba a su casa y la obligaron a subir a un coche en el que huyeron, además de que en el taller en que trabajaba uno de ellos, encontraron unas botas con manchas de sangre que podrían ser de Kimberly. Sin embargo, aún no se sabe nada de ella.
En el segundo caso, Carlos Emilio, de 21 años, desapareció misteriosamente la madrugada del domingo 5 de octubre al interior de un bar en Mazatlán. El joven duranguense viajó con su familia a ese destino turístico para celebrar su cumpleaños, y el sábado fue a cenar con dos primas, se paró al baño y no regresó a la mesa. Resulta muy extraño que personal del lugar –que al parecer es propiedad del secretario de economía de Sinaloa– impidiera a sus familiares entrar al baño a buscarlo después de que se tardara en regresar y, sobre todo, que nadie lo haya visto salir del bar Terraza Valentino que además se encuentra en una zona muy concurrida.
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Lamentablemente estos no son casos aislados, prácticamente todos los días nos enteramos de nuevos casos a través de los medios de comunicación o de publicaciones en redes sociales pidiendo apoyo para encontrar a sus seres queridos ante el silencio gubernamental. Si bien todo indica que en estos primeros doce meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha logrado una disminución sostenida en el número de homicidios dolosos, poco o nada se ha hecho para atender la desaparición generalizada y sistemática de personas –como ha señalado la ONU– que se disparó durante el sexenio anterior, y cuya afectación a las víctimas y sus familias no es menor. Incluso para expertos como Santiago Corcuera, quien presidió el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas las autoridades insisten en tratar de invisibilizar este fenómeno en vez de atenderlo con la determinación y prioridad que demanda.
De acuerdo con “A dónde van los desaparecidos” conformado por un grupo de periodistas que documentan y dan seguimiento a los casos en el país, durante este primer año de gobierno se ha registrado la desaparición de 14,765 personas, es decir, en promedio 40 personas no regresan a sus hogares cada día, lo que representa un incremento de 16% respecto al último año del presidente López Obrador. Las tres entidades que tienen un mayor número de desapariciones son el Estado de México, Ciudad de México –entre enero y julio se reportaron 1,306 desapariciones generando especial preocupación las ocurridas en la zona del Ajusco– y Sinaloa, pero también hay que observar que en Jalisco y Baja California Sur el incremento es de casi 200% y 140% respectivamente. La gran pregunta es, ¿qué tendrá que pasar para que de una vez por todas el gobierno federal y los gobiernos locales pongan rostro y nombre a cada una de las personas desaparecidas, se pongan un segundo en los zapatos de sus seres queridos para entender su desesperación y dolor, y realmente se comprometan a su localización y al castigo de los responsables?