Las imágenes que vimos desde el domingo son elocuentes. Pasaron años sin que un primer mandatario estuviera tan cerca de los damnificados por un desastre. ¿Cómo olvidar la distancia que marcó el presidente López Obrador en Guerrero, por ejemplo, frente a los enormes daños ocasionados por el huracán Otis hace tres años?
A diferencia de su antecesor, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó las zonas de desastre y caminó, conversó e hizo compromisos directos con algunos de los afectados. Ante la magnitud del suceso, era lo mínimo que podía hacer. Su respuesta fue política y bien calculada, a pesar de los riesgos que asumió.
Aunque este tipo de acontecimientos graves se viven todos los años, muchas autoridades no parecen comprender la importancia de realizar visitas a las zonas más afectadas. O de enviar representantes de alto nivel a otros lugares que también sufrieron daños, pero no tan delicados. En el marco de cualquier tragedia, las decisiones no se pueden tomar sólo desde los escritorios.
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Por tal razón, en las estrategia de comunicación política existen programas y protocolos bien detallados que abarcan los puntos más sensibles —antes, durante y después— para la gestión de situaciones crisis ocasionadas por desastres naturales, problemas de inseguridad y negligencia de las autoridades que provoquen cualquier daño severo a la población.
Por si no lo leíste: "No había ninguna condición meteorológica que indicara lluvia de esta magnitud": Sheinbaum.
Cuando están en riesgo la vida, el patrimonio y la seguridad de la gente, no hay lugar para la improvisación. En las etapas básicas, el antes está relacionado con las medidas de prevención y sensibilización. El durante, con las acciones para mantener, vigilar y proteger a la población con las mejores condiciones de seguridad. Y el después, con el auxilio y apoyo directo a los afectados en sus prioridades de salud, vivienda y calidad de vida.
En las tres etapas, la comunicación desempeña un rol de primera importancia, el cual no se limita a los instrumentos tradicionales de comunicación: boletines, conferencias de medios, entrevistas o mensajes en las redes sociales. Deben ir más allá. Y uno de ellos son las visitas que se deben hacer a las zonas de desastre para establecer contacto directo con la gente.
La cercanía del gobernante es, sin duda, un acto que muestra sensibilidad. También, un interés que busca algo más que obtener la atención de los medios de comunicación y, a la larga, obtener votos en las elecciones. Cuando se lleva a cabo, se abre una luz de esperanza y de justicia para quienes resultaron afectados. Por eso, sólo “tomarse la foto” con las personas que están sufriendo es absurdo, irresponsable e insuficiente.
Cierto es que un gobierno cercano es aquel que sabe escuchar y reconoce las quejas, reclamos y preocupaciones de los afectados y víctimas. Pero la cercanía logra mejores impactos en la reputación de las autoridades cuando se actúa de manera efectiva y eficiente para atender sus necesidades reales. Sólo así se construye una cercanía legítima, confiable y genuina y se garantiza el derecho a la información de las víctimas.
Un gobierno sensible es un gobierno cercano. En democracia, no podría ser de otra manera. De ahí que la cercanía esté directamente relacionada con el traslado de los procesos de toma de decisiones y prestación de servicios a todas las comunidades locales, lo que permite atender con mayor eficacia las necesidades particulares más apremiantes de cada zona.
En el mismo sentido, deben establecerse mecanismos precisos de colaboración entre los tres niveles de gobierno, para evitar conflictos estériles que surjan de la politización ocasionada por los problemas naturales que genera la pluralidad, la venganza o el revanchismo político. En otras palabras, la ética política impone dejar para otros espacios el lucro político que algunos hacen con las tragedias humanas.
Lee más: ¿Un gobierno sensible? Opinión La Silla Rota, 9/10/2024.
Las más de 60 personas muertas, y un número mayor de desaparecidas, que ocasionaron tan sólo las recientes inundaciones en cinco estados de la República han puesto en evidencia, una vez más, la necesidad de revisar los planes y protocolos de protección civil. También los procedimientos y presupuestos de lo que era el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que hoy opera desde otro espacio institucional.
Resulta indignante e inaceptable que cada año sigan muriendo o desapareciendo tantas personas —o que muchas familias pierdan su patrimonio— por las limitaciones y rezagos que tienen las políticas públicas para la atención de desastres y las estrategias de comunicación política y social que las deben acompañar. Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum están dadas las condiciones para que la cercanía se traduzca, además, en eficiencia y eficacia.
Lo que hemos visto en días recientes es un buen ejemplo de lo que aún falta por hacer. Qué bien que la presidenta Sheinbaum visite las zonas afectadas y se comunique directamente con la gente. Qué mal que algunos gobernadores y gobernadoras, u otras autoridades no terminen por entender su responsabilidad. De una u otra manera, tienen que comprender que la prioridad no debe estar principalmente en el cuidado de su imagen, sino en la protección de la población.
Recomendación editorial: Daniel Rodríguez Velázquez (líder de la investigación). Protección civil y derechos humanos. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 2018.