Los fenómenos y desastres naturales, cada vez más frecuentes y dañinos, han sido el detonador de la cultura y la política pública de protección civil. El terremoto de 1985, fue un punto de inflexión que puso en evidencia la solidaridad de la sociedad mexicana; y la falta de un sistema nacional de prevención y coordinación, dejando un saldo trágico de 10,000 víctimas fatales y decenas de miles de damnificados.
Hasta antes de esa fecha, la Cruz Roja Mexicana, creada en 1910, la intervención del Ejército, y la Secretaría de Salud y Asistencia, fueron parte de la respuesta ante este tipo de eventos.
El camino para forjar la cultura de protección civil ha sido largo y no exento de obstáculos y tropiezos. Se hizo mucho por vencer las barreras educativas, las resistencias por intereses creados y la corrupción.
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A partir de 1986, la creación del andamiaje legal e institucional se convirtió en una prioridad. Se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), y se consolidó el Plan DN III. En 1996, se creó el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), y se incorporaron tecnologías de monitoreo a través del CENAPRED y del Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la década de los noventa, los desastres naturales en México y en el mundo, confirmaron la importancia de conformar un sistema nacional y global de protección civil. En nuestro país, el huracán Gert (1993), la activación del Popocatépetl (1994), el huracán Paulina (1997), las inundaciones de Chiapas y Tabasco (1998), entre otras; y a nivel mundial, el ciclón de Bangladesh y el huracán Mitch, así como los terremotos Kobe, en Japón y Loma Prieta, en los Estados Unidos, dejaron clara esta necesidad global.
Fue así como en el año 2000, se aprobó en México la Ley General de Protección Civil , se institucionalizó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), y se formalizó la política pública en la materia, con leyes, instituciones, estructuras operativas, presupuestos y difusión para crear la conciencia de la prevención y protección que tantas vidas ha salvado.
Durante más de treinta años, nuestro país ha luchado por dejar atrás el enfoque reactivo ante las desgracias, para instalar un enfoque proactivo, preventivo y participativo. Al mismo tiempo, se ha intensificado la promoción de la cultura medio ambiental, orientada al cuidado de “nuestra casa común” y a hacer frente a los importantes fenómenos que desencadena el cambio climático.
En 2019, de manera inopinada, se decretó la desaparición del FONDEN, sin que exista a la fecha un mecanismo que sustituya, de manera institucional, la valoración y asignación de fondos de apoyo ante las calamidades.
Las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro son una llamada y una alerta que no se debe minimizar. La angustia y desesperación de las personas afectadas, las más de 60 víctimas fatales, las decenas de desaparecidos y los cuantiosos daños materiales en viviendas y en la infraestructura comunitaria, nos deben llevar a instalar, con sentido de urgencia y al margen de cálculos políticos, nuevos mecanismos de protección civil. Esta es una tarea de estado que debe trascender a administraciones y gobiernos.