Desde el pasado martes, todas las escuelas del estado de Chihuahua están obligadas a “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”, después de haberse reformado la fracción XXVIII del artículo 8 de la Ley Estatal de Educación, a propuesta del diputado Carlos Olson, del Partido Acción Nacional.
Si bien la propuesta no refiere explícitamente a la prohibición del uso del lenguaje incluyente en las escuelas chihuahuenses, el propio legislador señaló a través de sus redes sociales que con esta modificación a la normativa educativa, “No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes. ¡Sentido común sobre ideología!”.
En Nuevo León, el exlegislador Juan Carlos Leal Segovia, del Partido Encuentro Social, presentó una carta ante el Congreso local para proponer la adición del artículo 17 Bis a la Ley Estatal de Educación de Nuevo León, con la finalidad de obligar a la Secretaría de Educación a garantizar un modelo de enseñanza libre de lenguaje inclusivo en las escuelas de la entidad federativa.
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De acuerdo con la misiva, los educadores, así, deberán asegurar “que los materiales didácticos, comunicaciones oficiales, programas escolares y actividades académicas utilicen un lenguaje claro, objetivo y conforme al español estándar, quedando prohibido cualquier alteración gramatical o lingüística que contravenga las reglas del español reconocidas por la normativa académica oficial”.
Esta situación no es exclusiva de México, en El Salvador, el pasado 2 de octubre, se emitió un comunicado por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para prohibir en los centros educativos públicos y dependencias oficiales el uso de palabras como “amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumno@s, jovenxs, nsotrxs, o cualquier otra que aluda a la “ideología de género” y perjudique “el desarrollo integral del estudiantado”.
En esta ocasión, utilizamos el término cruzada en el título de este texto, en remembranza de las incursiones llevadas a cabo hace más de mil años por parte de personas católicas en Medio Oriente con la finalidad de imponer una religión única en todos los territorios donde fuera posible. Pues, quienes impulsan estas medidas y promueven un discurso en contra de la diversidad humana, pretenden imponer una visión única del mundo en la que muchas otras posibilidades de existir quedan excluidas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que “el lenguaje inclusivo no sólo es reivindicativo, sino que su uso también cuestiona y refuta los sesgos lingüísticos que han excluido a las niñas, a las mujeres, a las diversidades y a las personas históricamente en situación de vulnerabilidad”.
Por lo tanto, pensar en que solamente es una cuestión del uso de la letra “e” o de las palabras en masculino o femenino es un error, ya que, como indica el máximo tribunal “incluir lingüísticamente a todas las personas y a todas las identidades desde una visión de derechos humanos no sólo consiste en encontrar las formas gramaticales para nombrar lo invisibilizado, sino que también requiere identificar y descartar aquellos usos de lenguaje que involucran ejercicios de poder, desigualdades y discriminación”.
Personas estudiosas del lenguaje, desde la lingüística, la filología, las letras, la filosofía, y muchas otras ramas más, han señalado que las lenguas van cambiando y se van adaptando a las necesidades de sus sociedades. Negar esa realidad es rechazar los cambios sociales y los avances de una sociedad con respecto a ciertas temáticas, entre ellas, la erradicación de la discriminación por diferentes motivos y el promover la igualdad entre todas las personas, uno de los principios básicos de una democracia.