Cada 28 de enero tiene lugar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, haciendo referencia a la firma, en 1981, del Convenio 108 del Consejo de Europa relativo a su tratamiento automatizado, con el fin de recordarnos el valor que tiene cuidar nuestra información.
Este 2025, en México, su conmemoración no se centró en la continuidad y profundización de una amplitud de temáticas vinculadas con su garantía, que se han venido desarrollado durante 22 años; sino que representa el parteaguas en su tutela en cuanto al giro que dará su andamiaje jurídico y estructural vigente, cuyas coordenadas aún no están definidas.
Desde la legislación federal de transparencia, en 2002, en la que se contempló el acceso y la rectificación de dichos datos personales, y se estableció un organismo descentralizado para su vigilancia, el entonces IFAI, comenzó la construcción regulatoria e institucional específica de esta materia, que cobró mayor relevancia al incluirse, expresamente, en la Constitución mexicana, en los artículos 6º en 2007 y 16 en 2009, y con el otorgamiento, en 2014, del máximo nivel de autonomía al ente encargado de velar por ellos, el aún hoy existente INAI.
Te podría interesar
Su protección siguió consolidándose con la expedición de un ordenamiento federal, en 2010, dirigido al sector privado y, posteriormente, en 2017, con una ley general de aplicación para el ámbito público en todo el país, junto con sus correlativas locales.
Este intenso proceso progresivo de derechos ligados a la privacidad ha cambiado de rumbo a partir de la reforma constitucional publicada el pasado 20 de diciembre de 2024, que ordena la extinción del instituto garante nacional actual.
En esta transición, serán las normativas secundarias por emitirse, las que determinarán las bases, principios y procedimientos del nuevo modelo de operación, tanto para empresas como para el gobierno.
Asimismo, serán dichas disposiciones las que prevean las atribuciones de las autoridades que lo implementarán que, al menos, para el Poder Ejecutivo, corresponderá en gran medida a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y a los órganos de control interno, replicándose quizá para otras entidades.
No obstante, en lo que respecta a los particulares, aún no hay claridad de la instancia facultada para ello. Aunque se creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como responsable de la identidad y ciudadanía digital; así como de la generación de políticas y lineamientos de este sector, su actuar se orienta, principalmente, a la articulación de bases gubernamentales para facilitar decisiones, trámites y servicios.
En los periodos parlamentarios se irá vislumbrando la naturaleza de los mecanismos, vías y medios para su defensa, sean administrativos o judiciales.
En esta desafiante era digital en donde los datos son protagonistas, cualquiera que sea el camino por trazar tiene que asegurar el equilibrio entre la salvaguarda personal y la innovación tecnológica, aprovechando el conocimiento acumulado, sin dar pasos atrás.