Las imágenes que circularon el domingo por la noche sobre el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo son brutales, aun en un contexto en que lamentablemente en nuestro país nos hemos habituado a escenas de gran violencia. No es la primera vez que se difunden actos atroces como cuerpos desmembrados o disueltos en ácido generalmente de integrantes de cárteles rivales, mucho menos que políticos o funcionarios públicos sean asesinados, lo que cada vez se ha vuelto más frecuente. Pero lo sucedido el fin de semana tiene una connotación de la mayor relevancia por tratarse del alcalde de la capital de una de las 32 entidades federativas, así como por el mensaje que buscaron transmitir los autores del crimen al dejar su cabeza sobre el toldo de una camioneta y el resto de su cuerpo en el asiento del copiloto, que bien se puede interpretar como un reto abierto a las autoridades locales e incluso quizá también a la federales o peor aún, dejar claro que ellos son los que mandan. Como señaló el periodista Héctor Mauleon, esta vez rebasaron una línea que no se había cruzado antes y no se trata únicamente de un asunto de seguridad, pues implica también un tema de gobernabilidad ya que se está poniendo en juego la estabilidad política y social.
Arcos Catalán, quien al parecer tenía una buena reputación y era querido por la gente, apenas llevaba 6 días de haber asumido el cargo, y unos días antes mataron al secretario del Ayuntamiento y a quien sería el secretario de seguridad pública, por lo que en una entrevista radiofónica, el alcalde había pedido protección a la gobernadora del estado sin ninguna respuesta. En varias ocasiones afirmó que su objetivo era construir la paz en el municipio y que no pactaría con la delincuencia organizada, también se ha dicho que acudió solo a una reunión presuntamente con líderes de algún grupo criminal, posiblemente de Los Ardillos -con quienes se había reunido públicamente su antecesora Norma Otilia Hernández-, o que le estaban exigiendo secretarías y un porcentaje del presupuesto municipal, una práctica común en muchas regiones del país.
Seguramente con el tiempo se irá teniendo más información sobre el contexto en que ocurrió su homicidio, pero en definitiva no se trata de un hecho aislado y no solo en Guerrero que desde hace años ha venido padeciendo un alto nivel de inseguridad y violencia. Basta con recordar la barbarie en Iguala justo hace 10 años con el levantamiento y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, pero ayer también se dio a conocer que dos jóvenes, supuestamente secuestradores, fueron linchados y quemados por policías comunitarios en Olinalá en otro caso de justicia por propia mano, o que encontraron a un joven de 17 años decapitado en Teloloapan.
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Igualmente grave es la situación en Sinaloa -a grado tal que el general Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, de plano reconoció que la paz en Culiacán depende de los grupos criminales, lo que pareciera una claudicación del poder público-, así como en Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Chihuahua o Baja California en que la presencia de la delincuencia organizada y su capacidad para generar violencia y asumir de facto el control territorial -que urge recuperar-, se han ido incrementando. No es fortuito que dentro de las 20 ciudades consideradas dentro de las más peligrosas del mundo, 9 están en México ocupando los primeros seis lugares (Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y Ensenada) con Uruapan en el octavo lugar y Zacatecas en el quince, seguido de Brasil con 4 ciudades y Venezuela con 3.
Este martes se anunció la estrategia de seguridad del gobierno federal a cargo de Omar García Harfuch -quien tiene mucha experiencia y dio buenos resultados en la Ciudad de México-, y entre los principales puntos destacan el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia e investigación, la implementación de los diagnósticos regionales para focalizar la prevención y atención contemplando un programa específico para combatir la extorsión y el cobro de derecho de piso, así como la coordinación interinstitucional y con las entidades federativas. Esperemos que sea el inicio de una nueva ruta que permita ir recuperando las zonas bajo control de la delincuencia organizada, y paulatinamente la paz y tranquilidad de la población.