En las recientes semanas, se ha anunciado una inminente reforma electoral. En este espacio, hemos mostrado sólo algunos de los temas que consideramos deben ser revisados. En esta ocasión, daremos continuidad a ello, ahora desde la perspectiva de una reforma electoral integral.
Una reforma electoral es necesaria, siempre que atienda las necesidades reales y fines legítimos, es decir, que lo que se modifique tienda a fortalecer el sistema constitucional, legal e institucional, así como los sistemas de garantía y protección de derechos.
Todo esto trae consigo que los propósitos de una reforma deban encaminarse a mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de lo ya existente, esto es, que el resultado impacte, positivamente, en el ejercicio de los derechos de participación política de todos los intervinientes.
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Hablamos entonces, en un primer momento, de la revisión e identificación de las áreas de atención prioritaria a partir de la experiencia en su aplicación e implementación en procesos comiciales previos. Una vez que se han identificado estas áreas de atención, es necesario la elaboración de un diagnóstico que será el insumo fundamental para la configuración de propuestas de mejora, las cuales, deberían ser el punto de partida para una amplia y extensa consulta y participación ciudadana en la que se recojan todas aquellas que estén encaminadas a fortalecer o modificar lo existente previo a la discusión y en su caso, aprobación legislativa.
Sostener que una reforma electoral debe tener una visión integral conlleva a la revisión de aquellos aspectos que requerirán, en principio, una profunda revisión constitucional. Entre estos aspectos podemos mencionar, por ejemplo, el diseño, estructura y organización de las instituciones electorales, la distribución de competencias entre las autoridades electorales federales y las estatales, el modelo de comunicación política, el financiamiento a partidos políticos, los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de pueblos y comunidades indígenas así como de grupos en situación de desventaja o vulnerabilidad, la representación proporcional o principios constitucionales como la equidad en la contienda, la imparcialidad en el uso de los recursos públicos en materia electoral, el deber de neutralidad de los servidores públicos, el principio de separación Iglesia-Estado, la prohibición de intervención de extranjeros en los asuntos políticos del país, el sistema de nulidades electorales, entre otros.
Del mismo modo, resulta esencial, una revisión sobre el impacto que estas modificaciones tendrán en las leyes secundarias tales como leyes generales en materias como instituciones y procedimientos electorales, partidos políticos, medios de impugnación o delitos electorales. Asimismo, aquellas relacionadas con revocación de mandato y consulta popular.
La reforma electoral y de participación ciudadana también debe tener en cuenta el impacto que los mandatos constitucionales tendrían en el ámbito de los procesos electivos en las entidades federativas y, en su caso, los ajustes normativos e institucionales para hacerlos acordes, armónicos y funcionales con todo el sistema electoral nacional.
Hasta nuestra próxima entrega.