Después de las elecciones federales y locales 2023-2024, México, como lo ha mostrado su historia reciente, enfrenta elecciones año con año, y 2025 no será la excepción. En esta entrega, haremos solo un breve recuento de los cargos de elección popular a los que la ciudadanía estará llamada a las urnas.
Comenzamos con la elección judicial, en la que, derivado de la reforma constitucional, se elegirán, a nivel nacional, alrededor de 881 cargos, entre los que se encuentran ministras y ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación; integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como magistraturas de tribunales colegiados de circuito y titulares de los juzgados de distrito.
Para las autoridades electorales, la elección judicial representa un reto mayúsculo, no solo por el tiempo en la que ésta habrá de organizarse y calificarse, sino también, por el déficit presupuestal, así como múltiples y variados retos relacionados con la cartografía electoral, la documentación electoral, los insumos acordes para su implementación, la idoneidad y elegibilidad de las candidaturas, la capacitación, la supervisión, la fiscalización, la observación electoral, su impacto o ajuste en el modelo de comunicación política, el empleo de las tecnologías de la información, la accesibilidad del voto, la transparencia en los resultados, la forma en que habrá de respetarse la equidad en la contienda, la efectiva calificación de los comicios y, en suma, la realización de comicios íntegros, confiables y legítimos.
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Pero en 2025, no solamente tendremos las relatadas elecciones judiciales federales. En este año, diversos institutos electorales de las entidades federativas tendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a las reformas a sus constituciones locales, la adecuación a sus leyes estatales y la emisión de sus respectivas convocatorias, elecciones de magistraturas y titulares de juzgados en dichos ámbitos, es decir, tendremos elecciones judiciales federales concurrentes con aquellas locales en las que cada estado de la República Mexicana hubiera decidido llevarlas a cabo en esos términos.
Este escenario se torna sumamente complejo, sobre todo en aquellas entidades federativas en las que habrá comicios judiciales concurrentes ya que, en la misma jornada, la ciudadanía habrá de elegir tanto personas juzgadoras federales como a las locales, con los retos logísticos que esto implica.
Además de todo esto, los electores de Durango y Veracruz están llamados, también a la renovación de sus autoridades municipales, las cuales, en el caso de Durango, son alrededor de 404 cargos y, en Veracruz, 1054.
En estas entidades el reto será mayúsculo, dado que, a diferencia de las elecciones municipales, estatales y federales, en las elecciones judiciales -que como dijimos habrá en todo el país- se prohíbe la presencia de representantes de partidos políticos, de manera que, tanto el INE como las autoridades electorales de esas entidades federativas, deberán resolver la encrucijada que, tal vez, conllevará la instalación de casillas diferenciadas en dichas elecciones, con el consecuente reto operativo que ello implicará.
Finalmente, habrá que considerar las elecciones extraordinarias que, adicionalmente a las mencionadas, tendrán verificativo en algunas entidades federativas, aquellas que tendrán renovación por el sistema de usos y costumbres, las derivadas de autoridades distintas a las municipales (delegacionales, comunitarias, de comisariado, etc.), las que deban realzarse con motivo de los ejercicios de participación ciudadana local y, aquellas en las que los institutos electorales locales coadyuvan o auxilian en elecciones municipales o gremiales.
Sin duda, 2025 nos sorprenderá en lo electoral.
Hasta nuestra próxima entrega.