Las mujeres hemos librado una larga lucha por alcanzar una igualdad de derechos respecto a los hombres, por sentirnos respetadas, visibilizadas, en condiciones de igualdad y libres de cualquier tipo de violencia.
Poco a poco hemos logrado espacios en diversos ámbitos: en la política, en el ámbito empresarial, en la obtención de puestos claves en diversas profesiones que se ejercen en múltiples ámbitos, como líderes de opinión, entre otras.
El camino no ha sido fácil y parecería que conforme avanzamos se hace más visible un factor que irrumpe el crecimiento de la mujer: la violencia de género.
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Esta violencia está considerada como un acto de discriminación contra una persona en razón de su género, en este caso, por el simple hecho de ser mujer; este tipo de violencia es un problema social e incluso de derechos humanos que afecta el crecimiento y desarrollo de niñas y mujeres y se perpetra de diversas maneras: violencia física, psicológica, económica, sexual, la digital, la mediática, entre otras.
De acuerdo con el INEGI (2021) a nivel nacional del total de mujeres de 15 años y más, el 70.1% había experimentado al menos, un incidente de algún tipo de violencia descrita, siendo la violencia psicológica junto con la sexual las que más registros tienen, 51.6% y 49.7%, respectivamente.
Ahora bien, por segmentos de la población femenina, de acuerdo con una muy interesante encuesta publicada por el INEGI en noviembre del año pasado a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer revela que las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad por las políticas penitenciarias que no cuentan con un enfoque de género ya que en realidad fueron diseñadas para los hombres. Así, 64.5% de las mujeres experimentó al menos un acto de violencia psicológica realizada por la policía o la autoridad responsable de la detención y antes de llegar al Ministerio Público.
También, otro grupo vulnerable son las mujeres adultas mayores que se han encontrado en situaciones de discriminación y, en algunos casos, maltrato y violencia; 14.6% experimentó violencia por parte de familiares o convivientes, siendo la psicológica la más representativa.
Para el caso de las mujeres con discapacidad también sufren de violencia que van desde gritos, regaños y presiones. Este tipo de agresión ejerce mayor discriminación a este importante segmento de la población.
Por entidad federativa, la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más, se da en más del 70% en entidades como el Estado de México, Sonora, Jalisco, Colima, Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México y Yucatán.
Ahora bien, varias leyes han sido emitidas por el legislativo como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que, a través de múltiples reformas, contiene determinaciones que buscan prevenir y sancionar la violencia de género, garantizar que las mujeres tengan acceso a la justicia y servicios de atención integral, así como el fomento de un cambio de cultura que erradique la violencia y promueva la igualdad de género.
Tal vez a nivel político electoral es donde se ha establecido un mayor número de disposiciones legales que incluso, pueden dejar fuera a una persona candidata si se le acredita que cometió violencia de género.
Asimismo, el decreto del 15 de noviembre del año pasado por el que se busca garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres en la Constitución es un referente importante que busca maximizar los derechos de las mujeres.
No obstante, el legislativo federal, así como las legislaturas de los estados deben trabajar para generar disposiciones que potencien las sanciones por violencia de género, políticas públicas para generar una nueva cultura de igualdad en la sociedad, programas obligatorios en instituciones públicas y públicas sobre igualdad y violencia de género, mecanismos para ejercer presupuestos y políticas con perspectiva de género, entre otras.
A México le conviene contar con una sociedad igualitaria que siente las bases de un país más justo, libre y sin violencia, condiciones propias de un auténtico sistema democrático.