Los derechos humanos de los que gozamos todos los seres humanos, hombres y mujeres en igualdad de derechos y condiciones, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, son los que nos permiten vivir en libertad, contar con el derecho a la vida, a la educación, al trabajo y con ello, contar con las condiciones suficientes para vivir en paz y armonía, el derecho a no estar sometido a la esclavitud, ni a torturas y a contar con la seguridad como obligación del Estado, etcétera.
Los derechos humanos, desde el derecho internacional, determina la obligación para los Estados de las Naciones Unidas a proteger y promover dichos derechos. Los cimientos de esta normativa se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados por la Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente. Desde entonces el abanico de derechos humanos se ha ido ampliando para fortalecer las oportunidades de la humanidad para una vida plena.
En México, los derechos humanos han correspondido con el derecho internacional por lo que en nuestra Constitución encontramos las referencias al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres; igualdad ante la ley; libertad como persona; derecho a la integridad y seguridad de las personas; libertad de trabajo, profesión, industria o comercio; libertad de expresión; de conciencia; libertad de imprenta; libertad de asociación, reunión y manifestación; derecho de acceso a la justicia; derecho a la irretroactividad de la ley; a la libertad religiosa y de culto; al principio de legalidad, derecho a la seguridad jurídica, entre muchos más.
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No obstante, hay un fenómeno que se ha perpetrado en últimas fechas, principalmente en la esfera de la representación política de las mujeres que no permite su desarrollo pleno y en condiciones de igualdad: la violencia contra la mujer por su condición de género.
El Legislativo ha potenciado la visibilidad y la participación de la mujer en la esfera pública. En 2014 fue elevado a rango constitucional el principio de paridad de género que obligó a los partidos políticos a postular al 50% de las candidaturas a diputaciones federales y locales a mujeres que, bajo las directrices del INE permitieron estar en condiciones más similares en la competencia política. El resultado es que hoy contamos con un Congreso paritario.
El Legislativo también ha establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mecanismos para prevenir y sancionar la violencia de género. Otras reformas han sido encaminadas en el mismo sentido.
Asimismo, el INE con diversos lineamientos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con múltiples resoluciones han abonado para que la igualdad se fortalezca y la violencia de género deje de ser un ingrediente que impida el pleno desenvolvimiento de las mujeres en la búsqueda de algún cargo de elección popular o bien, en el ejercicio de la función pública.
Es por ello, que año con año desde que la ONU instauró en 1991 una campaña de activismo contra la violencia de género que comenzó el pasado 25 de enero en que está registrado el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y culminó el pasado 10 de diciembre justo el Día de los Derechos Humanos que este periodo se ha convertido en un proceso para concientizar a la humanidad de este terrible mal, a los gobiernos para que generen políticas públicas inclusivas y libres de violencia y sienta bases para que el legislativo en cualquier parte del mundo refuerce con sanciones más severas la violencia de género.
En México, es hora de que el Legislativo tome en cuenta los alcances logrados por el INE, así como las resoluciones del máximo tribunal electoral en nuestro país para buscar integrarlas a las diversas disposiciones legales que le permitan no solo a estas autoridades sino muchas más, a contar con manos amplias y suficientes para abatir la violencia de género.
Varios actores políticos han manifestado que muy probablemente el año que entra será puesta sobre la mesa la reforma electoral, por lo que, de resultar así, sería una magnífica oportunidad para fortalecer plenamente la integridad, visibilidad y participación de la mujer.