No ha pasado ni una semana y tal parece que lo ocurrido en Venezuela se empieza a diluir con demasiada rapidez, lo que es muy preocupante por sus graves implicaciones en el contexto democrático. El pasado viernes Nicolás Maduro rindió protesta para un nuevo periodo de seis años como presidente de su país –con lo que, de concluirlo, sumaría 16 años en el poder– en medio de fuertes acusaciones de fraude por lo que, la gran mayoría de los países le negaron su respaldo.
Para recapitular un poco, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que está integrado por personas afines al chavismo como prácticamente todos los poderes públicos e instituciones, declaró a Maduro como ganador de las elecciones que se celebraron el 28 de julio de 2024 con el 51% de la votación contra 44.2% del candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, aun cuando no había terminado el cómputo de los votos y sin mostrar, hasta la fecha, las actas que supuestamente acreditaban esos resultados como se establece en su legislación.
La pregunta obligada es, porqué a casi seis meses nunca hicieron públicas esas actas como lo exigieron organismos internacionales y con las cuales se disiparían las dudas por lo menos en los que se refiere a los resultados de la elección y al tan cuestionado triunfo del oficialismo, contrastando con lo anunciado por la oposición que de acuerdo a las copias de las actas que lograron reunir –y pusieron a disposición para quien quisiera revisarlas–, ganaron con el 70% de la votación por 30% de Nicolás Maduro, lo que por cierto coincide con lo que arrojaron las encuestas de salida. Es decir, el oficialismo ha sostenido su supuesta victoria electoral y por tanto la continuidad en la presidencia únicamente con su dicho sin presentar pruebas que así lo acrediten.
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Además, hay que recordar que todo el proceso estuvo marcado por múltiples y graves irregularidades buscando minar las posibilidades de la oposición que tuvo que participar en condiciones de enorme desventaja. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Venezuela confirmó la inhabilitación por 15 años para poder postularse a cargos públicos de elección a María Corina Machado, quien era la candidata natural de la alianza opositora, presuntamente por apoyar las sanciones impuestas a ese país por Estados Unidos y apoyar a Juan Guaidó quien, siendo presidente del parlamento, se proclamó en 2019 como presidente interino acusando a Maduro de fraude en su primera reelección.
También obstaculizaron el voto de las y los venezolanos que residen en el exterior –al verse obligados a salir de su país debido a la crisis política y económica por la que atraviesa–, permitiendo que solo votaran 2 de los más de 7.7 millones de potenciales electores, y negaron la entrada de observadores electorales que no eran afines al régimen. Tanto el informe del panel de expertos de la ONU o de las misiones internacionales de observación electoral como el Centro Carter, coinciden en que no se podía determinar la autenticidad de los resultados de la elección en ese país, al no cumplirse con las medidas básicas de integridad y transparencia ya que se desarrollaron en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación, además de la evidente parcialidad con la que actuaron las autoridades electorales para favorecer al oficialismo. De igual manera, se debe tener presente la represión desatada por el gobierno, las detenciones arbitrarias y la persecución a dirigentes opositores y a su candidato presidencial.
Es en estas condiciones en que se dio la imposición de Nicolás Maduro, reforzando la idea de que Venezuela se ha convertido nuevamente en una dictadura, lo que debe ser condenado con el mayor rigor. No dejemos que lo ocurrido en Venezuela caiga en el olvido.