Las decisiones que se están tomando en el Congreso en torno a la Reforma Judicial parecen confirmar, hasta ahora, que el compromiso de gobernar para todo@s no es más que una buena intención para quienes lo dicen en serio. También es una promesa de campaña muy útil para las y los candidatos en escenarios de polarización o con alto porcentaje de indecisión.
En un sistema democrático se debe aspirar a contar con un gobierno que defienda la justicia y procure la armonía entre los diversos. En el mismo sentido, los cambios propuestos tendrían que procurar la búsqueda de objetivos y metas que sean el resultado del diálogo y la conciliación. Claro que esto no significa que las minorías renuncien a sus principios ni a la generación de conflictos, pues unos y otros son factores de avance y transformación.
Gobernar para tod@s significa estar dispuesto a negociar con todas las fuerzas políticas legal y legítimamente constituidas. Por lo tanto, el poder que otorga la mayoría no implica ni la desaparición de los pesos y contrapesos, ni la falta de controles, ni la libre participación y expresión de ideas, propuestas y opiniones por parte de cualquier grupo de la sociedad.
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Como candidata presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum se comprometió a gobernar para todas y todos los mexicanos, “sin distingos” y aunque hay quienes no simpatizan con su proyecto en México “se caminará en paz y armonía”. También se comprometió a respetar la diversidad social, política, cultural y sexual y a promover una Reforma Judicial que fortalezca el acceso a la justicia de todas y todos.
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El escenario de conflicto y desacuerdo que se augura para todo septiembre no debería ser motivo de preocupación si se mantiene el compromiso asumido por la presidenta electa y quienes forman parte de su movimiento. La dinámica política entre la mayoría y la minoría es más eficaz en tanto todas y todos acaten coexistir entre los marcos y límites establecidos por la ley.
Dicho en otras palabras: uno de los ideales que debe mantener un país democrático es que ninguna de las fuerzas participantes trate de imponer —por la fuerza o por cualquier otro medio— sus intereses a los demás. Sin embargo, la experiencia en otras naciones ha demostrado que el incumplimiento de este principio deriva en sistemas autoritarios, cuyas características no corresponden con el proyecto que presentó en mayo pasado la presidenta electa.
Desde hace más de dos décadas en nuestro país las minorías han influido en diversos temas, problemas y situaciones porque, en mayor o menor medida, el sistema de pesos y contrapesos ha funcionado. Así sucedió, por ejemplo, con la legislación electoral vigente o con los nombramientos de ministras y ministros en el Poder Judicial. En ambos casos, hubo la capacidad de mayorías y minorías de administrar el consenso y el disenso.
Por supuesto que el consenso permanente es imposible. Lo mismo se puede decir de la convivencia política sin violencia y en condiciones de absoluta igualdad. La disparidad, la diferencia, los desequilibrios y la imposición de algunas acciones y criterios forman parte de la normalidad democrática. Para eso están las instituciones y leyes, que entre otras de sus funciones está la de conciliar y armonizar los intereses.
Desde esta perspectiva, debemos entender que la lucha por el poder político no tiene por qué apuntar a la aniquilación del adversario. Tampoco debe ser dirigida a pasar por encima de él, a ignorarlo o menospreciarlo. Mucho menos a despreciar la voluntad o los intereses de quienes lo apoyan o simpatizan con él.
Por lo anterior, el antagonismo tiene que ser visto con respeto y naturalidad, mas no como un elemento disruptivo o generador de cualquier tipo de violencia. La fuerza de la mayoría puede generar las condiciones de crear un nuevo orden, más aún cuando su poder, por grande que sea, emana de la legitimidad surgida de una elección apegada a derecho.
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En la lucha por el poder, contar con el respaldo de cualquier tipo de mayoría no significa necesariamente tener toda la razón ni tener siempre la razón. Ante la subjetividad que hay detrás de cualquier acción, decisión o suceso político siempre habrá riesgos, escenarios, desenlaces y consecuencias que se tienen que ponderar y evaluar.
Mientras mayor es la magnitud del cambio que se propone, mayor será la resistencia de quienes sienten afectados sus intereses. En el mundo global en que vivimos, los opositores no son la única resistencia al cambio. Un ejemplo: la amenaza que ejerció Donald Trump a México en mayo de 2019, cuando era presidente, produjo un cambio en la política migratoria del país, según lo ha dicho en forma reiterada desde entonces.
Aún más. En política hay un principio esencial de sobrevivencia: el poder no se comparte. Pero gobernar para todos en democracia implica escuchar, dialogar, tolerar y respetar a quienes no están de acuerdo. Gobernar para todos significa, además, buscar los acuerdos necesarios para que las y los inconformes tengan la posibilidad de ver representado su peso real de poder en las decisiones que se están tomando o se van a tomar.
Con la Reforma Judicial y los demás proyectos de transformación que se están presentando en el Congreso habrá riesgos. Algunos pueden ser muy delicados para nuestra economía, la seguridad y quizás hasta la gobernabilidad. Por eso, las decisiones del nuevo gobierno no tienen por qué dejar totalmente satisfechos a los opositores. Tampoco se trata de imponer la reforma con la fuerza aplastante de la mayoría. La misión consiste en hacer el mayor esfuerzo de gobernar para tod@s .
Recomendación editorial: Laura Baca Olamendi. Diálogo y democracia (nueva edición con nota introductoria). México: Instituto Nacional Electoral (INE), 2020.