La propuesta de elección por la vía del voto libre y secreto en el Poder Judicial contempla la realización de un proceso electoral y de campañas que se llevarán a cabo sin financiamiento público ni privado. No obstante, las y los aspirantes a ocupar algún cargo dispondrían de tiempos oficiales de radio y televisión y participarían en debates públicos.
De entrada, el proyecto parece razonable. Por un lado, por los altos costos que tiene en el actual ecosistema de comunicación cualquier tipo de campaña electoral. Por el otro, porque el dinero de los grupos de interés podría generar compromisos que pondrían en riesgo la independencia, imparcialidad y profesionalismo que debe tener el Poder Judicial.
Lo malo es que, en la práctica, será imposible cumplir dicho propósito. Lo cierto es que el dinero y los recursos externos sí estarán presentes en un gran número de campañas y quienes los utilicen tendrán mayores posibilidades de éxito. En consecuencia, lo que hoy parece una buena intención terminará afectando en forma negativa la legitimidad, confianza y credibilidad que la reforma requiere.
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Los principales riesgos de la elección se advirtieron desde hace tiempo. Se confirmaron en los foros de consulta. Sin embargo, el hecho de que la discusión se haya centrado en si debe haber o no elección directa de ministros, magistrados y jueces dejó en segundo término el análisis de los detalles que se deben considerar para reducir los problemas que habrá durante las campañas.
Con la aprobación del proyecto en comisiones de la Cámara de Diputados parece muy difícil hacer las correcciones que sin duda proceden. La elección se vislumbra como un hecho irreversible. Por lo que se ve, tampoco habrá espacio para corregir durante los trámites que faltan en el Senado y los congresos locales. Pero bien vale el esfuerzo hacer el intento.
Empecemos por lo básico: todas las campañas cuestan. Resulta impensable limitar las tácticas y acciones de las y los aspirantes a cualquiera de los cargos a los tiempos oficiales de radio y televisión y a debates en unos cuantos medios participantes, incluidas las redes sociales. ¿Cuál podría ser el alcance efectivo en términos de audiencia, cuando en la elección presidencial de junio pasado votaron casi 56 millones de ciudadanas y ciudadanos?
El número de cargos a elegir es muy elevado y disperso. En algunas regiones será controlable, pero en mega ciudades como la CDMX los nombres que aparecerán en las boletas son tantos que resultará prácticamente imposible conocer por su nombre a las y los aspirantes. Y ni hablar sobre la ideología que tienen, su preparación, experiencia y propuestas que harán a la sociedad.
Con base en lo que informó hace unos días la Lic. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, "el 1 de junio de 2025 se elegirá a la totalidad de ministros de la SCJN (nueve); integrantes del Tribunal de Disciplina (cinco), vacantes de la Sala Superior (dos), la totalidad de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) (15), la mitad de los magistrados de Circuito (450) y jueces de Distrito (380).
Seguramente en los medios digitales y redes sociales las y los aspirantes utilizarán todos los espacios disponibles. Pero la experiencia ha demostrado que el acceso a los medios electrónicos es selectivo y muy limitado. ¿Quiénes diseñarán las campañas? ¿Habrá alguna empresa que lo haga en forma gratuita y desinteresada? ¿Cuántos de las y los aspirantes tendrán la capacidad y recursos técnicos para diseñar una campaña atractiva y digna? ¿Qué pasará en las elecciones intermedias de 2027, cuando se sumen a las campañas políticas las que harán las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF y la mitad restante de magistrados de circuito y jueces de distrito?
Es cierto que habrá filtros en el proceso de selección de aspirantes para garantizar su capacidad y honorabilidad. Sobresalen “las convocatorias abiertas para cualquier persona que tenga licenciatura en Derecho con promedio de 8 y 9 en materias afines al cargo; que se pedirán cartas recomendación y ensayos que respalden su candidatura; y que los comités de evaluación seleccionarán a los perfiles con mayor preparación técnica, académica y profesional que destaquen por su honestidad y buena fama pública”.
Pero también es verdad que la cantidad de información que tendría que procesar la ciudadanía es enorme. Si con la elección de candidatos a los puestos de elección popular siempre es todo un reto para los especialistas en comunicación política, imaginemos la magnitud de las acciones informativas que habría si le sumamos el hecho de que también podrán competir quienes hoy ocupan ya los cargos que se someterán a votación.
Además, se tendrán que considerar otras variables. Primera, que serán dos meses de campaña (con jueces sin rostro incluidos), hecho que requerirá de grandes habilidades, tiempo de preparación (que tampoco es gratis) y recursos para mantener el interés de la ciudadanía. Segunda, la politización inevitable en la que entrará la contienda, donde la popularidad y carisma podría pesar más que la competencia técnica y la imparcialidad. Y tercera, la posibilidad real de que el crimen organizado se meta en las campañas, situación que añade un grado de dificultad política y comunicacional mayor a la elección.
Entérate: Avanza la Reforma judicial; incluyen jueces sin rostro; pasa al Pleno.
La magnitud que alcanzan los costos de una campaña electoral son inmensos. El monto que recibieron oficialmente los partidos para las Elecciones 2024, tan solo para campañas y al margen de sus actividades ordinarias, rebasó los 3 mil 300 millones de pesos. En el otro extremo, las y los candidatos independientes recibieron más de 66 millones de pesos.
Si hablamos de topes en los gastos de campaña, en la pasada elección las candidaturas presidenciales, fue de 660 millones de pesos; en las de senadores algunas rebasaron la cifra de 44 millones; y en las de diputados el techo superó los 2 millones 200 mil. Estas cifras dan una idea de la magnitud de los gastos que no podrán hacer quienes aspiren a tener un cargo relevante en el Poder Judicial.
El reto es enorme y los riesgos no se pueden minimizar o ignorar. Si la decisión es irreversible, ¿cómo se evitará que las campañas se limiten al uso de tiempos oficiales, a la participación en foros de debate y al uso de las redes sociales sin un solo peso? ¿Cuáles serán los lineamientos que definirá el INE con base en el nuevo marco jurídico? ¿Cómo será el modelo de fiscalización y cuáles las sanciones a los infractores para evitar que las y los ganadores respondan a intereses de grupos de presión?
Las reflexiones que se deben hacer en el corto plazo no van en el sentido de poner trabas o sembrar dudas para dañar el proyecto de reforma. De lo que se trata es de encontrar las mejores soluciones para el sistema democrático que se ha construido; para la independencia del Poder Judicial; para el sistema de contrapesos del Estado mexicano; y, por supuesto, para contar con el mejor sistema de impartición de justicia posible que merece el país.