Han pasado dos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela y, aunque el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia de ese país convalidaron el triunfo de Nicolás Maduro para un nuevo periodo de seis años –que se suma a los diez años que lleva en la presidencia–, a la fecha no han dado a conocer las actas de escrutinio de las 30 mil mesas de votación que supuestamente sustentan esos resultados, en tanto que la oposición difundió alrededor del 80% de las actas que logró recabar y que arrojan que Edmundo González Urrutia –quien sustituyó a María Corina Machado en la candidatura al ser impedida tramposamente por el oficialismo a competir– obtuvo el 67% de los votos por apenas el 30% de Maduro, lo que coincide con lo que mostraban las encuestas independientes incluyendo las de salida.
Los informes del panel de expertos de la ONU así como de las misiones internacionales de observación electoral señalan que las elecciones en Venezuela no cumplieron con las medidas básicas de integridad y transparencia, ya que se desarrollaron en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación, además de la parcialidad con la que se condujeron las autoridades electorales para favorecer al oficialismo, por lo que no pueden considerarse como democráticas.
En estas semanas, las reacciones del chavismo han pasado en los días posteriores a la jornada electoral del 28 de junio, de las absurdas acusaciones de hackeo –supuestamente desde Macedonia– a sus sistemas informáticos, la descalificación a los señalamientos de fraude, así como las amenazas a las principales figuras de la oposición, a la represión de las manifestaciones de protesta y la abierta persecución sobre todo al candidato Edmundo González quien tuvo que pedir asilo político a España, y a la dirigente opositora María Corina que prácticamente ha tenido que vivir en la clandestinidad.
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Recientemente, el 17 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que advirtió que el gobierno venezolano ha intensificado dramáticamente las acciones para aplastar toda oposición pacífica, desatando una de las crisis de derechos humanos más graves en su historia. Entre sus principales conclusiones destacan que las violaciones y crímenes que documentaron, no son actos aislados sino parte de un plan para silenciar, desarticular, desmovilizar y reprimir a la oposición, inhibir la difusión de información independiente y de opiniones críticas al gobierno e impedir la protesta ciudadana pacífica, para lo cual “el Estado reactivó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión”.
También sostiene que los poderes públicos de plano abandonaron toda apariencia de independencia y se subordinaron abiertamente a Maduro, desaparecieron muchas de las garantías judiciales deteriorando el estado de derecho y dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder. Señala que de acuerdo a cifras oficiales, más de 2 mil personas han sido detenidas acusadas de terrorismo e incitación al odio, entre las que se encuentran alrededor de 150 menores de edad incluyendo a algunos con discapacidad. Uno de los casos que ha provocado más indignación, es el que dio a conocer el Observatorio de Conflictividad Social sobre un adolescente con autismo que fue detenido en la puerta de su casa por la que pasaba una manifestación, sin participar en ella.
En la última conclusión del informe, la Misión consideró que todas las violaciones identificadas como detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual constituyen un crimen de lesa humanidad por persecución fundada en motivos políticos. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una tragedia que atenta contra los derechos humanos y los más elementales principios democráticos por lo que no nos debe pasar desapercibido. Es necesario que estemos más atentos a esas preocupantes y nocivas experiencias, por solidaridad y convicción democrática pero sobre todo para evitar que, en un futuro, se puedan replicar en nuestro país.