En los últimos días, se ha creado una gran controversia, por la reforma judicial que ya fue aprobada en cámara de diputados y senadores. Parecería que por más oposición que existe de un pequeño grupo de la sociedad, y en especial en aquellos sectores jurídicos que apoyan la carrera judicial conocida hasta el día de hoy, se ha iniciado un nuevo debate acerca de que antes de reformar al poder judicial es necesario iniciar con las policías y fiscalías, lo cual no falta a la razón.
Las reformas que se vienen tienen que ver con las estructuras y funciones policiales, así como de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. De nada serviría la reforma al poder judicial si los órganos de investigación y procuración de justicia, siguen con los mismos vicios y fallas. Los críticos señalan que sería necesario iniciar por las policías y fiscalías y no por el poder judicial, pero la realidad es que la complicación más grande viene del poder judicial, donde se sabía existiría mayor oposición. Asimismo, los tiempos se dan para que las restructuración de las fiscalías y las policías, se puedan dar en los mismos tiempos que el primer paso para renovar a los jueces, magistrados y ministros, lo cual sería a mediados del 2025.
La discusión sigue en su punto más álgido, ya que existe un grupo de ciudadanos que no quiere que se toque al poder judicial y culpan a las fiscalías de todas las resoluciones que han beneficiado a presuntos delincuentes de cuello blanco, empresarios, líderes criminales y delincuentes comunes. Esto es una gran coincidencia, ya que los mismos criterios y resoluciones no se han aplicado al ciudadano común y corriente, aun cuando tienen características muy similares.
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El plan parece ambicioso, pero se ha trabajado en él desde principios de este 2024. Se sabe que el cambio debe ser estructural, ya que los presuntos delincuentes han aprovechado las ventajas de un sistema de procuración de justicia endeble, de fiscales que pueden quedar impunes y que no importa que existan investigaciones en su contra, cuentan con el fuero constitucional, mismo que los convierte en intocables y que para que proceda un juicio de procedencia para un juicio político y poder juzgarlos, es necesario que los congresos voten en contra de los fiscales, lo cual no sucede. Ejemplo de esto lo hemos podido observar con fiscales como el de Guanajuato y Morelos, solo por mencionar a los más mediáticos de los que hemos tenido conocimiento.
Pero ¿qué es lo que se pretende con las reformas a fiscalías e instituciones policiacas? La realidad es que se busca acabar con la corrupción, revictimización de los ciudadanos y los pocos resultados en cuanto a las investigaciones. Cuando se reformó nuestra constitución en aquel 2011, se adaptó el nuevo texto constitucional para reconocer los derechos humanos y no solo las garantías individuales, esto llevó a nuestro país a adoptar un nuevo sistema de justicia penal, conocido como penal adversarial. En este sistema las partes tienen los mismos derechos y facultades, el ministerio público pierde la facultad de fedatario, pero como todo lo que se hace en México, tuvimos un par de inconvenientes no pensados por los políticos de esos tiempos: el hecho de que en materia penal adoptamos un sistema que prioriza la justicia sobre la legalidad con la incorporación del jurado. Se buscaba que un grupo de ciudadanos sea quien determine si un imputado es inocente o culpable, sin embargo en nuestro país decidimos que el jurado no era viable y terminamos por convertir un sistema que procura la justicia en uno que es únicamente legal, quitándole la parte más importante al sistema que priorizaba la justicia por la legalidad.
El segundo inconveniente, y tal vez el más grave, fue que se les olvidó que las facultades de investigación son únicas y exclusivas del Ministerio Público, quien se auxilia de los policías para realizar las investigaciones, pero que en la práctica solo se le otorga esa facultad a los policías de investigación o ministeriales y no a todas las policías. Se considera que los policías encargados de la seguridad pública no tienen facultades para realizar investigaciones y sólo podían intervenir en el proceso penal cuando se cometen delitos y los presuntos delincuentes son detenidos en flagrancia, de tal manera no se les reconoce facultades de investigación. Esto, por supuesto, complica la investigación y persecución de delitos en México, ya que es casi imposible detener a alguien en el preciso momento en que se cometen los delitos y, por consecuencia, se saturó el sistema de procuración de justicia y los juzgados penales del fuero común y federal.
La solución que se propone en la nueva administración no es mágica, es estudiada y ha sido probada en la Ciudad de México, con grandes resultados, entendiendo que para replicar el modelo, debe ser de acuerdo a las necesidades de la problemática y forma de solución. Así, veremos que el trabajo de inteligencia será primordial, el uso de herramientas tecnológicas y la coordinación entre la policía y las fiscalías servirá para que los grupos criminales puedan ser investigados, detenidos y, lo más importante, que sean sentenciados por los delitos que cometan.
Por último, la principal misión de la nueva administración es prevenir e inhibir los delitos en los tres niveles de gobierno, dejando de lado la lucha política donde las autoridades se lavan las manos y se eximen de culpas al señalar que son delitos del fuero común o del orden federal. Saben que las grandes organizaciones criminales que cometen delitos del orden federal e internacional, son tan peligrosas como el pequeño grupo criminal local, regional, que utiliza la violencia para generar terror y obtener beneficios con delitos que afectan y lastiman a la sociedad mexicana, como el robo, la extorsión, el cobro de piso, el asesinato y otras tantas actividades criminales que destruyen a las familias y al tejido social.
En esta administración veremos que el trabajo de inteligencia empezará a dar resultados, aliviando las cargas de inseguridad que nos afectan como sociedad en cualquier lugar, estado, región o extracto social.