Cuando uno sale de casa y entra en la vía pública, ya sea en un transporte o a pie, se activan los sensores de qué tan seguro o inseguro uno se siente. A veces, sobre todo cuando se vive en lugares tranquilos, estos sensores pasan desapercibidos, pues existe la percepción de que ahí no pasa nada.
Sin embargo, estos sensores se ajustan según la geografía en la que nos encontramos o por las desafortunadas situaciones que pueden acercarse a nuestros domicilios. Si uno, por error, termina en el callejón más oscuro de la colonia más peligrosa a horas poco adecuadas, seguramente sentirá una agonía súbita por salir de ahí lo más rápido posible.
Asimismo, si en un barrio donde antes no sucedía nada alguien recibió un balazo, a la vecina le robaron el coche, y un camión urbano terminó en llamas bloqueando una vialidad, pasamos del piloto automático de la tranquilidad a un estado permanente de alerta.
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Existen, entonces, elementos muy objetivos que nos hacen sentir seguros o inseguros en el entorno, los cuales se suman a un imaginario construido por los miedos que esos elementos generan sobre las posibilidades de que algo malo ocurra. Que alguien haya sido asaltado en una esquina no significa necesariamente que el día de mañana me asalten en el mismo lugar a la misma hora, pero quizás sea prudente caminar por la otra acera o elegir otro camino.
Estos elementos se entremezclan en lo que llamamos sensación de inseguridad o seguridad, según el caso. La pregunta es: ¿quién es responsable de mitigar la primera y garantizar la segunda?
En principio, la respuesta debería ser clara: el Estado. Como titular del monopolio de la violencia, es a través de los instrumentos estatales que se mitiga la inseguridad y se crean condiciones de seguridad. Acciones como la detención de criminales, la reapropiación del espacio público, el combate a la impunidad, la impartición de justicia, la reparación del daño, y la reinserción social, entre muchas otras, permiten que las personas se sientan libres de ser víctimas de un delito.
Sin embargo, una idea peligrosa ha surgido en ciertos funcionarios públicos sobre cómo entienden la seguridad pública. Esta idea sugiere, en esencia, que la seguridad depende de la voluntad de los grupos delincuenciales para cesar sus confrontaciones, como sucede en Culiacán. Este tipo de pensamiento implica aceptar la violencia como un mecanismo válido de ajuste de cuentas entre grupos delictivos, mientras el Estado permanece expectante. También implica renunciar al monopolio estatal de la violencia y aceptar que la seguridad pública es, en parte, responsabilidad de los criminales.
Quizás esta fue una desafortunada declaración de funcionarios que aún intentan entender la escalada de violencia en Sinaloa, sin detenerse en sus implicaciones. O quizás fue una declaración honesta de algo que se piensa en el interior del gobierno, pero que rara vez se vocaliza al exterior.
Sea cual sea el origen, lo que la declaración no resuelve es la duda de niñas, niños, hombres y mujeres de Culiacán sobre quién es el responsable de garantizar su seguridad al salir de sus hogares. Delegar esta responsabilidad a la buena voluntad de los delincuentes o a su extinción mediante las balas no parece ser la solución que la gente espera.