Discutir sobre la necesidad de una reforma política y electoral nos conduce, necesariamente, a echar un vistazo sobre las condiciones en las que la ciudanía puede acceder a los cargos de elección popular. Esto involucra el análisis y revisión de diferentes aristas.
En primer término, debemos considerar a quienes pueden competir y las condiciones en las que pueden hacerlo.
Actualmente, las condiciones de competencia electoral en México son predominantemente favorables al sistema de partidos. Si bien, a partir de diversas reformas constitucionales (2014, 2019) se ha incorporado la posibilidad de la participación de candidaturas independientes, también es cierto que dicha figura de participación electoral resulta desigual, poco competitiva y, escasamente representativa en la integración de los distintos órdenes de gobierno.
Te podría interesar
Esta circunstancia pone de relieve la necesidad de repensar los mecanismos de participación política y de competencia ciudadana reconocidos en nuestro marco legal.
Esta debe ser una reflexión profunda, porque el sistema de partidos en México representa una especie de monopolio de acceso a los cargos de elección popular, esto es, aquel ciudadano que busque mayores posibilidades reales para obtener un cargo público, debe adherirse o ser invitado por un partido político, de lo contrario, el margen de posibilidades para acceder a un cargo de elección popular es reducido.
Habría que agregar que, en México, de una población de alrededor de 130 millones de habitantes (más de 90 millones, en condiciones de votar y ser votadas y votados), solo cerca de seis millones militan en algún partido político, por lo que, salvo excepciones, ése es el universo de personas que tendrían alguna posibilidad de recibir alguna postulación.
Sin lugar a dudas, el sistema de partidos requiere de una profunda autocritica y reflexión. En México, solo 2 de cada 10 mexicanos confía en los partidos políticos (INEGI 2023), el déficit de transparencia, de rendición de cuentas, la falta de posibilidades reales para la competencia al interior de los institutos políticos, la limitada o nula renovación de las élites, la resistencia a la paridad, la ausencia de combate frontal a la violencia política y de género, la desatención a la inclusión, a la apertura, a la pluralidad o a la diversidad, son factores que desalientan el interés de la ciudadanía en los partidos y en su oferta política.
Para el proceso electoral 2023-2024, los partidos políticos nacionales recibieron financiamiento público -dinero de los contribuyentes- por más de 10 mil millones de pesos, además de el acceso a la radio y la televisión, el financiamiento privado de acuerdo a las reglas, etcétera.
La reducción del financiamiento público a partidos y la reformulación de los modelos de financiamiento y de fiscalización de los partidos políticos, constituye otro de los pendientes impostergables si lo que se busca es austeridad republicana y racionalidad del gasto público.
El seguimiento y monitoreo de las plataformas digitales en las que participan las fuerzas políticas es otro de los grandes retos de nuestro tiempo.
El ámbito digital no debe ser territorio de nadie. Es necesario, diseñar parámetros mínimos que posibiliten la participación libre, plural y transparente de todos los actores políticos. Se requieren mecanismos para el registro y uso de las cuentas de redes sociales de partidos, candidaturas, así como de personajes de relevancia pública
Los partidos políticos son instituciones de interés público y, por tanto, deben generar confianza entre la ciudadanía.
La percepción negativa sobre ellos también impacta la integración de los órganos representativos y la legitimidad de sus decisiones.
Hasta nuestra próxima entrega.