Los procesos electorales han concluido. Cada elección representa múltiples retos para quienes intervienen en ellos. Garantizar las condiciones idóneas para la participación equitativa de todos los contendientes, implica una permanente revisión de nuestro sistema electoral y conlleva a la elaboración de un diagnóstico para que, a partir de él, se construyan propuestas acordes con la realidad.
Esta tarea no es menor. En esta ocasión, expondré, solo a manera de aproximaciones, algunos de los aspectos que considero importantes para la discusión de posibles modificaciones, ajustes o adiciones a nuestras leyes electorales.
Comenzaré con una reflexión sobre el modelo de comunicación política que tenemos y el queremos. El actual modelo data de 2007. Este modelo comunicativo -que solo reconoció a la radio, la televisión y los medios impresos- ha quedado rebasado por una nueva realidad aún no legislada: la digital.
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En los procesos electorales 2015, 2018, 2021 y 2024, hemos atestiguado el auge, crecimiento, importancia, presencia, trascendencia e influencia en la población de las redes sociales, de las plataformas de entretenimiento, de los canales de información, de opinión e inclusive, de la inteligencia artificial que, al no estar regulados en el ámbito político-electoral, han traído, por una parte, la posibilidad de que las personas puedan contar con mecanismos alternativos de comunicación, de información, de expresión y de opinión, fomentando con ello el debate público, abierto, plural e inclusivo, todo esto a partir de la generación de contenidos, de su expansión o viralización sin consideración de fronteras, así como de la interacción ente los usuarios.
Esta dinámica ha hecho posible que la ciudadanía se involucre cada vez más en los asuntos públicos y, en consecuencia, se incentive el pleno ejercicio de los derechos de participación política.
Estos aspectos, aunque beneficiosos, también han dado lugar a múltiples retos a los que se han enfrentado las instituciones electorales en determinados casos en los que, a pesar de la ausencia constitucional o legal en la previsión de plataformas digitales, es necesario contrastar los principios o reglas del modelo tradicional de comunicación política para aproximarlo a los mecanismos digitales.
Asuntos relacionados con actos anticipados de precampaña o campaña; los procesos internos atípicos; la violencia política en razón de género; la calumnia; el lenguaje de odio; la vulneración al interés superior de la infancia; la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido; la promoción personalizada de servidores públicos; la intervención indebida de ministros de culto religioso, extranjeros, notarios y observadores electorales; la vulneración a la veda electoral; la difusión de información falsa, entre muchas otras conductas, deben ser vistas a la luz de un modelo restrictivo cuya vigencia nos invita a la reflexión.
Desde 2007, derivado del polémico proceso electoral de 2006, en México adoptamos un modelo de comunicación política predominantemente restrictivo, con la finalidad de que, en general, fueran únicamente los contendientes dentro del proceso electoral, quienes tuvieran acceso a la radio, a la televisión y, en gran medida, a los medios impresos, todo esto, con la finalidad de presentar sus propuestas y evitar que, a partir de la contratación o adquisición de propaganda por otros sectores de la población, se influyera indebidamente en la equidad en la contienda, también se limitó la participación de servidores públicos o de otros poderes fácticos en los procesos electorales a través de la prohibición de difusión de propaganda gubernamental en las campañas.
Los recientes procesos electorales ponen de relieve la necesidad de voltear la mirada hacia una nueva realidad, una realidad en la que, sin duda, las plataformas, digitales tienen una influencia social preponderante en el actual modelo de comunicación.
Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de transitar hacia un modelo más liberal, abierto, flexible, moderno, actual, dinámico y versátil que incluya a las plataformas digitales y el desarrollo de nuevas tecnologías, dentro de un renovado modelo de comunicación política.
Un modelo de comunicación que, además, incluya una profunda revisión en aspectos como la necesidad de una mayor apertura al debate, a la discusión de las ideas, al fomento y garantía de las libertades, dejando como límites solo aquellas conductas que, por su relevancia, puedan lesionar principios o derechos constitucionales.
Todo esto nos llevaría a analizar aspectos como el ajuste del catálogo de conductas infractoras aplicables en procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana (consulta popular y revocación de mandato); las instituciones encargadas de conocerlas; los procedimientos para hacerlo y las formas de cumplimiento, reparación o restitución.
Esta serie de cambios también implica reflexionar sobre el impacto que un renovado modelo de comunicación política tendría en la asignación de espacios en radio y televisión, su monitoreo, respecto a los medios tradicionales, pero también en el caso de las plataformas digitales (la forma de combatir el anonimato, la usurpación de identidad, las noticias falsas, la publicidad pagada, las granjas de bots, el deber de transparencia de las redes en el combate a la opacidad y la protección de datos personales, la violencia digital y toda aquella conducta que atende contra la imagen, la privacidad, la integridad o la dignidad misma de las personas).
Los perfilamientos de grandes sectores electorales a través del envío de propaganda encaminada a cooptar al elector mediante mensajes direccionados, propaganda no deseada; el combate al mercado negro de datos personales; los ataques cibernéticos; la seguridad de las cuentas de redes sociales o la fiscalización de los recursos con los que se contrata publicidad en dichos medios, ya sea mediante publicaciones pagadas, mensajes, promocionales, mesas de opinión, influencers, entre muchos otros.
Esto también conlleva la necesidad de ajustar la fiscalización de la publicidad que se contrata o difunde por esas vías; definir mecanismos para hacer frente al financiamiento ilegal o ilícito, entre otras cosas.
La lista podría seguir, pero dejo estos temas sobre la mesa a manera de insumo para una discusión que seguramente se dará en la LXV Legislatura.
Hasta nuestra próxima entrega.