México vive un momento inédito con todo lo que está sucediendo con la reforma judicial. El conflicto no sólo es de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial. También estamos siendo testigos de un fenómeno muy interesante: la transición de juzgadores con un perfil de imagen sobrio y alejado de los reflectores a la de personajes políticos públicos.
De tener un rol pasivo durante décadas, los principales servidores públicos del Poder Judicial hoy tienen un protagonismo nunca antes visto: un número inusitado de entrevistas en radio y televisión; difusión de spots para asumir una posición política; mensajes de todo tipo en redes sociales; transmisión de programas especiales en el Canal Judicial; participación en debates temporales y atemporales; plantones, marchas y campamentos de trabajadores en paro; creación de símbolos de lucha política.
Algunos analistas consideran que su irrupción en el espacio público era absolutamente indispensable. Otros, que su nuevo activismo llegó demasiado tarde para contrarrestar los riesgos que podría tener la reforma recién aprobada por el Congreso. En términos de eficacia su activismo no ha dado —hasta ahora— los resultados que esperaban. En el futuro podría ser mucho más difícil.
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Si bien es cierto que los programas institucionales de comunicación social de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tienen objetivos muy claros para cumplir con la transparencia, rendición de cuentas y amplia difusión de lo que aportan al Estado, también lo es que en el pasado los personajes centrales del Poder Judicial tomaron la decisión de asumir en lo personal un perfil bajo y sin grandes protagonismos.
El contraste que muestra el actual escenario político es muy interesante. La centralidad que buscan ocupar las y los juzgadores en el actual ecosistema de comunicación —y el activismo político que han mostrado en diversos foros— han creado un nuevo modelo de agenda pública. Con su presencia mediática, digital y la protesta que hacen en las calles están potenciando el proceso de construcción de personajes políticos de quienes antes eran considerados impartidores de justicia, en espacios en los que no estábamos acostumbrados a verlos.
Los vínculos entre el Poder Judicial y la comunicación política estuvieron circunscritos a supervisar y salvaguardar el modelo de comunicación política de los procesos electorales, “mismo que encuentra los principales fundamentos de su designo a nivel constitucional y se desarrolla con mayor detalle en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
Lo que se avizora con la reforma judicial podría ir más allá de mantener una comunicación eficaz con la sociedad, a partir de una mejor comprensión de lo que es su trabajo y las decisiones que toman todos los días, o de la promoción de una cultura jurídica. En ambos casos, estamos hablando de la construcción de pilares de confianza que hasta la fecha no se han podido consolidar conforme a las expectativas de la población.
Desde el martes pasado, el mapa de riesgos creció y se ha vuelto más complejo. Es lo que pasa con los cambios profundos. El exceso de protagonismo puede conducir a diversas percepciones negativas. Destaco dos. Una, a que los jueces y juezas estén influenciados por grupos de interés o partidos políticos. Otra, al sometimiento de presiones indebidas de estos y otros grupos de poder capaces de dañar la imparcialidad e independencia a las que están obligados.
La experiencia de los países democráticos confirma la gran responsabilidad que tienen los servidores públicos del Poder Judicial de no entrar en conflictos de interés, de no involucrarse en discusiones públicas de temas sensibles y de no comprometer la confidencialidad que requieren ciertos casos que tengan bajo su jurisdicción.
En consecuencia, el mayor riesgo está en los efectos que sin duda trae la abierta politización de su trabajo, la cual se incrementará con las campañas de comunicación que harán para acceder a los cientos de cargos que así lo requieran. En Estados Unidos, Reino Unido, España o Brasil, por ejemplo, se han hecho esfuerzos importantes para evitar que los servidores del Poder Judicial sean percibidos como figuras políticas populares.
Por si no lo leíste: Trabajadores del poder judicial dan portazo en el Senado.
Si nos remitimos a la experiencia internacional, en la mayoría de países los jueces y juezas mantienen, en lo general, un perfil bajo en medios de comunicación y redes sociales. Al revisar la forma en que funcionan sus estrategias de comunicación, sobresalen dos razones que explican esta decisión: mantener la neutralidad e imparcialidad de la institución y mostrarse ante la sociedad como auténticos guardianes de la Constitución y el derecho.
Luego de la aprobación de la reforma judicial en el Congreso, es posible y factible hacer los ajustes para evitar la politización de la justicia y reducir los riesgos de convertir a las y los juzgadores en personajes políticos populares. Los aciertos y errores que han tenido quienes aún trabajan en el Poder Judicial confirman los beneficios que con absoluta seguridad trae la separación entre política y justicia.
Por todo lo anterior, podemos afirmar que el Poder Judicial necesita nuevas y audaces estrategias. Hace falta un proyecto integral en el que puedan actuar políticamente, sin dejar de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas, a partir de un modelo de comunicación reservado, asertivo, responsable, profesional y técnico que preserve la imparcialidad, la independencia y la confianza en el sistema judicial.