La impunidad es uno de los problemas de mayor encono en nuestro país; por muchos años, se ha discutido sobre el tema, analistas de todos los cortes ideológicos y posturas políticas, lo señalaron y discutieron en distintos momentos como un problema grave de seguridad.
¿La razón? La deficiente impartición de justicia en México, ¿las causas? la corrupción, la manipulación e interpretación de las Leyes generalmente inclinadas a favor del “poder y del dinero”. Me parece que, hasta aquí, buena parte de los mexicanos, comparten este juicio, a menos claro está, que sean o hayan sido “beneficiarios” del sistema de impartición de justicia durante mucho tiempo.
Este paragón, nos lleva a suponer, que buena parte de los mexicanos, estarían a favor de una reforma al sistema judicial, pero, el asunto está en los detalles que es donde deberían centrarse en este momento las discusiones para que, a partir de ahí, se diseñe un sistema judicial que dé garantías a todos los mexicanos sin distinciones de ningún tipo.
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El asunto es que, por parte del ejecutivo, no se hicieron públicos todos los detalles de su propuesta para la elección de magistrados vía voto popular hasta que vino la presidenta electa a aclarar que la selección de magistrados susceptibles de ser elegidos por votación, serán el resultado previo de un proceso de evaluación vía una comisión judicial evaluadora y avalada por el Senado. Este es, agrandes rasgos, el método que llevará a las boletas electorales los nombres de los magistrados postulantes.
Por su parte, la oposición y medios de comunicación afines, han vuelto a sus insanas prácticas de distorsionar y torcer los conceptos, tergiversas declaraciones, intentar influir y manipular a la opinión pública creando confusión, generar caos y sembrar “miedo”. Poco aprendizaje y reflexión les dejó el 2 de junio.
No conforme con eso, la oposición, además, lo cual puede ser festejado, se ha querido apropiar de las arengas populares asiéndolas “suyas” durante sus marchas contra la reforma judicial, se han adjudicado el movimiento “estudiantil” en contra de la reforma y vuelven a esgrimir que la democracia, no es democracia, si ésta, no es “equitativa y les otorga mayores espacios de representación” (sic).
Pero más allá del plagio de las arengas y la adjudicación de grupos a su “activismo” político, la oposición no se ha percatado, o no le interesa hacerlo, que su movimiento anti-reformista está violando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos pues se les olvida, que la misma señala que, el gobierno de México, está conformado por tres poderes de la unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esto es de primaria, bueno quienes la estudiaron antes de la reforma educativa de Zedillo que desapareció todos estos conceptos de los libros de texto, por ello, los jóvenes de 35 y menos años de edad, que se manifiestan en contra de la reforma judicial, confunden autonomía con independencia.
El mandato constitucional de los tres poderes de la unión, señala que ninguno de ellos, está por encima de los demás, pero, que es el Ejecutivo, de donde emanan las reformas que son avaladas por el congreso y son gestionadas por el poder judicial. Si alguien tiene duda de este proceso, consulte la reforma de Zedillo al poder judicial que fue avalado por la mayoría calificada del PRIAN en las cámaras legislativas y respaldada por los magistrados, y que, la oposición entonces progresista, no avaló.
Por su puesto aquella reforma no generó todo el embuste que hoy suceden ni lo medios le dieron tanta cobertura. La oposición progresista de entonces, tampoco protestó lagrimeando como hoy sucede, por el contrario, mantuvieron la discusión en los puntos relevantes de aquella reforma, aunque casi todas sus observaciones fueron rechazadas.
A qué viene esto, a que la reforma actual al poder judicial que hoy se discute en el Senado, es apenas el inicio de una reforma que se irá revisando y que se tiene planeado concluya en el 2030, es decir que, la propuesta de elección popular de jueces y magistrados, es apenas el inicio para reformar todo el sistema de justicia desde su estructura operativa hasta las formas y los tiempos para la impartición y resolución de la justicia.
Obvio, para algunos que sea el principio les hace suponer que viene lo peor y por ello se han lanzado a especular que la reforma afectará las relaciones comerciales de México, especialmente con los Estados Unidos vía T-MEC, pero pasan por alto que dicho tratado se revisará con y sin reforma judicial en 2026 y para entonces, sabremos si hubo afectación o no y junto con ello sus implicaciones.
Arguyen también, que la reforma judicial generará una salida de capitales en estampida por la “pérdida de confianza en las garantías” que México otorga actualmente a los inversionistas nacionales y extranjeros, pero en términos estrictos, si esto es correcto, entonces qué independencia y libertades defienden los opositores a la reforma judicial cuando supeditan la soberanía de México a los intereses de los mercados que ya han demostrado que no necesariamente se auto-regulan como rezaba la doctrina neoliberal.
¿Quién de los grandes dueños del capital nacional o de donde sea, permite que un “amigo” o extraño, llegue a su casa a decirle cómo debe administrar a su personal de servicio y cómo debe distribuir su gasto y que, además, le incite a vender las obras de arte que decoran su mansión bajo la consigna de que, por ello, sólo obtendrán el valor de los materiales con que fueron hechas y no por el valor intangible que representan?
Cierto, es una manera muy simplista de describir la complejidad de la economía, pero consideramos que es una buena manera de entender los conceptos de soberanía, autonomía e independencia y no confundirlos con la independencia del poder judicial del poder ejecutivo, pues en México, los tres poderes están supeditamos a los principios y leyes que enmarca nuestra constitución y violentarla, es violar el estado de derecho.
Así que, el proceso de reforma al poder judicial, apenas comienza, y ésta, será la primera de muchas batallas y lo que se espera de la derecha, es que esté a la altura de las circunstancias para aportar mejoras al sistema judicial y no asumir el papel de infantes pataleando porque no los dejan ser los primeros de la fila.