Para los Estados Unidos la relación bilateral con México se basa en tres puntos: economía, migración y seguridad, en los que se desarrollan una gran cantidad de temas sobre los cuales marcha la relación.
Por eso es por lo que después de la embajada norteamericana en El Cairo en Egipto, su Embajada en México junto sus Consulados trabajan unas 400 personas. Para Estados Unidos, El Cairo constituye una posición geopolítica de interés, lo mismo que sucede en su embajada en México.
Le interesa que las inversiones norteamericanas cuenten con la certeza política y jurídica necesaria, para acrecentar su dinero y que el fenómeno migratorio no llegue a niveles de invasión territorial.
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Pero quizás para Washington lo más importante sea la seguridad, el eje sobre el cuál giran todos y cada una de las agendas temáticas y que lo conceptúan con un vínculo indisoluble a la economía y migración.
Los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos definirían el rumbo de la política de seguridad, sin perder de vista los grandes intereses sobre los que gira la política norteamericana.
Pero en México los temas de economía, migración y seguridad no cobran el mismo interés y relevancia.
La reforma al Poder Judicial de la Federación en México abrió un frente de crisis con la embajada norteamericana y con la de Canadá. El temor radica en la presunta debilidad que representa para las inversiones de esos países. Esto podría tener impacto en la economía de esos países a propósito del TMEC
El punto en donde Washington presiona a México es en seguridad. Conoce las debilidades de seguridad de las instituciones mexicanas, así como de su clase política. Quizás aquí se encuentre la respuesta a la reciente captura o entrega de Ismael Zambada García así como del hijo de Joaquín Guzmán Loera.
La Casa Blanca y las agencias de seguridad verdaderamente tienen otros datos sobre la radiografía de la seguridad mexicana.
Saben que el 20% de los centros de población mexicanos está en manos de la delincuencia; sabe que las políticas de seguridad son insuficientes, mal diseñadas, mal alineadas y con algunos tomadores de decisión en seguridad están cooptados por la delincuencia.
Saben también que la transformación a que se refiere el régimen no puede lograrse con unas políticas públicas que poco abonan a la redistribución política, económica, social y de seguridad de la ciudadanía, así como con una escasa voluntad política de las entidades federativas
También saben que el compromiso por combatir a la corrupción es parcial, simulado y solo tiene fines electorales.
Por ahora el gobierno norteamericano presiona a la administración del presidente López Obrador con posicionamientos expresando su preocupación por la reforma al Poder Judicial, seguido de los temas de la agenda de seguridad en los que con o sin consentimiento del gobierno actual, intervienen con sus recursos.