Mientras la seguridad nacional contiene objetivos de Estado y la seguridad pública de paz y orden públicos, la seguridad interior debería garantizar la seguridad de zonas del país, regiones de las entidades y actividades económico-productivas.
Se trata de la condición que debería garantizar un nivel de bienestar en el que las personas encuentran un techo mínimo de garantías, que les permita llevar a cabo actividades laborales, económicas, escolares que, en su conjunto, contribuyen a un bienestar en la sociedad.
Si las actividades derivadas de la seguridad nacional son llevadas a cabo por las Fuerza Armada Permanente y la seguridad pública por las policías estatales o municipales, la seguridad interior podría ser una de las funciones a cargo de la Guardia Nacional.
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Este escenario podría funcionar si los gobiernos de las entidades federativas asumen a cabalidad su responsabilidad de proporcionar seguridad pública, con las fuerzas del orden a su cargo, así como con las municipales.
Por eso la Estrategia de Seguridad Pública que promulgue en su mandato la presidenta Claudia Scheinbaum, podría incluir elementos de seguridad interior que pueda hacerse cargo la Guardia Nacional.
Paralelamente y para estar en condiciones de que la función de Estado de seguridad pública encuentre una sincronía y corresponsabilidad, la Secretaría de Seguridad debería, elaborar protocolos con indicadores, de acuerdo con el orden de gobierno.
Por ejemplo, el protocolo de seguridad para municipios debe prever todos los escenarios en que podría intervenir la Policía Municipal, en asuntos de paz, bandos y orden públicos y sus reglamentos municipales.
Además, debe fijar el modo y los casos en que la Policía Municipal puede solicitar supletoriamente, el auxilio de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas.
El protocolo de seguridad para Policías Estatales debe fijar los escenarios de orden y paz públicos que fijen las constituciones locales y sus leyes, así como señalar el modo y los casos en que de manera supletoria puede coadyuvar con las Policías Municipales en su auxilio, así como los casos, modo y formas en que puede solicitar el auxilio de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas.
No menos importante, el Protocolo de seguridad para la Guardia Nacional, podría incorporar las modalidades en que pueda auxiliar a las policías de los municipios, de las entidades federativas, así como nuevos esquemas que incorporen una seguridad interior ausente en la norma.
Con estas atribuciones para la Guardia Nacional podría actualizarse la fallida Ley de Seguridad Interior promulgada en la administración del presidente Peña Nieto.
Hoy la Guardia Nacional además de sus atribuciones constitucionales y legales, puede contribuir a generar nuevos sistemas y subsistemas que coadyuven en el establecimiento y permanencia a futuro de la seguridad interior que sea el vínculo entre la seguridad nacional y la seguridad pública.