Esta semana ocurrieron dos sucesos que acrecentaron la impunidad y agraviaron a las mujeres. El primero fue la liberación del exgobernador de Puebla, Mario Marín, al cual la periodista Lydia Cacho demandó por delito de tortura y protección de redes de trata infantil, este último delito que acreditó en su libro “Los Demonios del Edén” en donde relata cómo estuvieron involucrados políticos, empresarios y otras personas relevantes de la sociedad nacional.
El segundo suceso fue el retiro de la medida de prisión preventiva a Juan Antonio Vera Carrizal, empresario gasolinero y exdiputado local del PRI quién está señalado como uno de los autores intelectuales en tentativa de feminicidio por la agresión hacia la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos.
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Estos dos últimos sucesos se suman a la impunidad con la que personajes de la clase política pueden evadirse de la acción de la justicia. Aquí se encuentra un nicho de corrupción que tanto las Fiscalías como los Tribunales deben combatir. No es un problema operativo, es de voluntad política.
Por otra parte, a lo largo y ancho del país han sido múltiples los ejemplos del abuso del poder o hacia las mujeres. El problema es sistémico y cultural.
Por eso el sistema de seguridad pública debe poner atención en despolitizar la función de seguridad pública.
Esto incluye la prevención del delito, pasando por la procuración y hasta la impartición de justicia.
Cuando la impunidad o el abuso de poder se insertan en los sistemas o subsistemas que hacen las funciones de Estado y de gobierno, los procesos son pervertidos con políticas deficientes y sus resultados son desastrosos para la administración pública y para el desempeño de las funciones que ejercen.
La creación, fusión o reforma a las instituciones del Estado mexicano o a la legislación que las rige no garantizan el fin de la impunidad o del abuso de poder. Sólo transforma los métodos y procesos para delinquir.
La seguridad, así como el progreso económico y social al que aspiramos los ciudadanos se ve interrumpida por el interés revanchista de algunos gobernantes, que carecen de las aptitudes para ofrecer las mínimas condiciones de seguridad, y por ende, no hay progreso económico, no hay avance democrático, no hay condiciones de paz y orden para el desenvolvimiento social y sus distintas actividades.
Los partidos políticos gobernantes en la mayoría del país han sido rebasados en su capacidad de brindar seguridad, y en cambio, se cuestionan entre sí su desempeño, como si se tratara de una competencia para ver quién es el más corrupto o el más ineficiente, olvidando los intereses que conlleva la supremacía del Estado que le dio origen a su existencia o de los asuntos de sus ciudadanos.