El pasado 14 de agosto, por segunda vez en poco más de dos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional ante el incremento significativo de casos de viruela símica o del mono (mpox) en la República Democrática del Congo que se ha extendido a diversos países de África como Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda, y también se han empezado a detectar contagios en algunos países de Europa y Asia. Es importante tener en cuenta que, a diferencia del brote anterior, la cepa que se está diseminando actualmente produce síntomas más severos, mayor riesgo de complicaciones y puede derivar en una mayor mortalidad de hasta el 10% de acuerdo con información del doctor Francisco Moreno, uno de los infectólogos más reconocidos.
En lo que respecta al continente americano, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha registrado desde 2022 alrededor de 68 mil 700 casos con 142 fallecimientos, de los cuales 4 mil 136 se han presentado en México –55 en este año– y lamentablemente 36 personas han perdido la vida. No obstante, es probable que ante el reducido número de pruebas se cuente con un importante subregistro de los casos reales. Aun así, se podrá pensar que el número de contagios y defunciones es muy bajo, sobre todo si se le compara con otros riesgos a la salud como los provocados por Covid-19 e incluso por influenza, y quizá que haya temas más delicados a atender, pero nada garantiza que en un futuro próximo no vayamos a tener un crecimiento significativo, y tampoco se entiende porque exponer a cualquier persona o grupo social –particularmente a quienes sus sistemas inmunológicos están comprometidos como las personas con VIH– a enfermedad grave o en el extremo al riesgo de fallecimiento existiendo alternativas que podrían evitarlo.
En agosto de 2022 se autorizó en Estados Unidos el uso de la vacuna JYNNEOS y, a pesar de la exigencia de colectivos desde hace cuando menos año y medio para que también se aprobara en nuestro país y se adquirieran las vacunas suficientes para cubrir a los grupos prioritarios, a la fecha las autoridades de salud no lo han considerado como algo necesario, lo que no es de extrañar pues desafortunadamente la desatención a las políticas preventivas en materia de salud pública ha sido una constante en este gobierno, situación que debe modificarse con urgencia.
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Como ejemplo, baste recordar el abrupto descenso en los niveles de vacunación infantil. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, únicamente el 41.7% de las niñas y niños de hasta dos años recibieron el esquema completo de vacunación, siendo que en sexenios anteriores habíamos alcanzado niveles superiores al 90%. También los padres y madres de familia enfrentaron mucha resistencia gubernamental para que sus hijas e hijos menores de edad pudieran vacunarse contra el Covid-19, y actualmente no hay vacunas actualizadas en los centros públicos de salud ni siquiera para las personas más vulnerables, por lo que solo tienen acceso a ellas quienes puedan pagarlas.
Otro caso es el del Paxlovid, un antiviral que puede disminuir el riesgo de hospitalización y muerte hasta en un 89% en personas mayores de 65 años y en quienes padecen enfermedades crónicas o graves como cáncer, diabetes o padecimientos cardiacos y que desde principios de 2022 está disponible en varios países, mientras que en México solo estuvo disponible durante estos dos años en algunos hospitales públicos pero en forma muy restringida, a grado tal que de las 300 mil dosis que adquirió el gobierno caducaron 200 mil –con las que pudieron prevenirse serias complicaciones e incluso salvar la vida de cientos o miles de personas que no tuvieron acceso al medicamento–, y apenas el pasado 1 de agosto se aprobó su uso comercial. La pandemia del Covid-19 nos debió dejar un muy importante aprendizaje para no repetir los errores que costaron cientos de miles de vidas y pudieron evitarse, pero tal parece que no hemos aprendido la lección.