A pesar del discurso autocomplaciente de la actual administración federal que está a punto de concluir, son varios los temas pendientes en materia de inseguridad y violencia que heredará el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellos, la extorsión y derecho de piso que se han venido incrementando de manera preocupante en estos años, extendiéndose a prácticamente todo el país.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), el delito de extorsión en sus dos principales modalidades, telefónica y cobro de derecho de piso, creció en 8.3% comparando el primer cuatrimestre de este año con el mismo periodo en 2023 al registrarse 31 víctimas diarias, lo que representa una extorsión cada hora, y si se comparan los saldos de este sexenio respecto al anterior, el incremento es de poco más de 45%. Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (ENVIPE), únicamente se denuncian y supuestamente se investigan el 3% de las extorsiones por lo que la cifra negra es del 97%.
Por su parte, la Coparmex dio a conocer recientemente que más de la mitad de sus socios fueron víctimas de algún delito en 2023, siendo la extorsión la más frecuente con 70% vía telefónica y 30% por cobro de derecho de piso. Para no ir más lejos, a finales del mes pasado tuvieron que cerrar 191 tiendas Oxxo en Nuevo Laredo por alrededor de una semana debido a los intentos de extorsión y, de hecho, el dirigente empresarial en Tamaulipas que denunció las extorsiones fue asesinado al día siguiente. Si esto sucede a las grandes empresas que cuentan con todos los medios para hacer frente a los grupos delincuenciales que azotan al país, imaginemos a las micro, pequeñas e incluso a las medianas empresas. Apenas ayer se dio a conocer que, entre el 70 y el 80% de las empresas empacadoras de limón en el Valle de Apatzingán, están paralizadas ante el paro de los productores por las cuotas que tienen que dar a los cárteles del crimen organizado.
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Hace no tanto tiempo, el pago de derecho de piso se exigía sobre todo a establecimientos como table dance, bares, cantinas donde en muchos casos suelen circular grandes cantidades de alcohol y/o drogas, pero al parecer ahora ya ninguno se salva ya que pueden ser víctimas desde farmacias, pequeños locales de comida, tiendas de abarrotes, pollerías, tortillerías, que se ven obligados a destinar semanal o mensualmente una parte importante de sus generalmente exiguos ingresos a cambio de supuesta protección, que en realidad implica que los extorsionadores no atenten contra su negocio, su integridad física o de sus empleados y hasta familiares.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ha denunciado que la cuota mínima es de alrededor de 500 pesos a la semana dependiendo del tamaño del negocio, pudiendo llegar a 50 mil pesos mensuales, por lo que en algunos casos prefieren arriesgarse y no pagar con las consecuencias que esto les puede generar, otros optan por cambiarse y abrir su negocio en otro lugar sin que nada les garantice que no tendrán que volver a enfrentarse a lo mismo, o de plano cierran perdiendo su única fuente de subsistencia y en ocasiones el esfuerzo de toda una vida.
La situación por la que atraviesan miles de negocios es muy complicada pues además de cumplir con el pago de impuestos, tener que gastar más en servicios o sistemas seguridad -quienes pueden hacerlo-, dar “mordida” a funcionarios gubernamentales para que no les suspendan sus actividades comerciales o les clausuren por cualquier pretexto, ahora también tienen que cubrir un impuesto criminal o vivir con la angustia constante de lo que puedan hacer los extorsionadores ante la pasividad de las autoridades ya sea por negligencia o complicidad, y cuya respuesta se ha limitado a proponer prisión preventiva oficiosa para el delito de extorsión aun cuando está demostrado que esta medida solo ha provocado que se saturen las cárceles -muchas veces con chivos expiatorios-, pero en nada ha contribuido a disminuir los índices delictivos. La atención de esta grave problemática no debe seguir esperando.