Las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela dividieron la opinión internacional en buena parte de América Latina, incito además a la injerencia de países y medios extranjeros. La confrontación es, dicen unos, “defender la democracia” por sobre la “dictadura”, mientras que, la otra parte, dice “defender la soberanía y democracia” por sobre el “injerencismo extranjero”.
La pregunta obligada es ¿qué se debe privilegiar primero, la democracia o la soberanía? O, mejor dicho, ¿cuál debería ser el orden de las cosas para la creación de una nación “libre”? De hecho, ninguna nación puede jactarse de ser democrática si no es soberana.
Venezuela vive una vez más esa vicisitud pues, su intención es ser una nación democrática, pero al mismo tiempo, se socava su soberanía. Esta nación vive un proceso democratizador desde hace 25 años con lo cual busca consolidar su soberanía.
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Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela al amparo de un proceso democrático que pronto eclipsó la oposición llevando el proceso a un referéndum que lo ratificó como presidente para después enfrentar un golpe de Estado que superó y posteriormente reelegirse dos veces más, aunque para su tercer mandato, ya no tomó el cargo debido a su deceso.
Y aunque la constitución le permitía la reelección, su permanencia en el gobierno significó un “peligro” para los intereses del capital nacional y extranjero debido a su inclinación al socialismo. Así, desde su primer mandato y hasta su muerte, se inició una “guerra” por todos los medios para destituirlo. Cada proceso electoral en el que fue reelecto se tipificó como fraude. Tanto la derecha venezolana como la prensa extranjera auspiciados desde Washington empujaron las sanciones económicas que condicionaron la producción petrolera y posterior nacionalización de la industria.
Su sucesor Nicolás Maduro, ha debido enfrentar el mismo escenario bajo las mismas condiciones antagónicas. Por supuesto que tres reelecciones generan todo tipo de suspicacias lo que explica su mote de “dictadura” como se tipifica a los gobiernos de Venezuela desde hace 25 años.
Las arengas que promueven Eduardo González y Corina Machado para aparentar caos y toma de calles no son nuevas, y pese a que los comicios contaron con más de 600 observadores internacionales avalados por Estados Unidos, junto con el sistema de conteo y escrutinio de votos, avalado por expertos internacionales, no fueron suficientes para “satisfacer” las pretensiones de la derecha venezolana y de los injerencistas extranjeros que esperaban derrotar al partido popular.
La postura beligerante de Corina Machado es una copia exacta de Juan Guaidó luego de las elecciones de 2018 quien, en entrevista con un servidor aseguró “estar dispuesto a todo y llevar su movimiento hasta las últimas consecuencias” luego de autoproclamarse presidente en enero de 2019, por supuesto, todo al amparo de Washington y de los países abyectos de la OEA, mismos que hoy señalan una vez más, falta de transparencia en los comicios venezolanos.
Como ahora, en 2019 las manifestaciones “multitudinarias” en apoyo a Guaidó parecían colmar las calles de Venezuela y hacían soñar con la destitución de Nicolás Maduro. La estrategia fracasó y la oposición como hoy, se ha valido de la narrativa de que Venezuela es gobernada por un dictador que les justifica cual intento para derrocarlo.
Sin embargo, está claro que no importan los intentos que el gobierno de Maduro haga para garantizar unos comicios limpios y transparentes, la ultraderecha venezolana y latinoamericana, no aceptarán los resultados electorales mientras el voto favorezca al partido en el poder.
Lamentablemente, como ahora, en 2019, quienes repiten a coro el estribillo de dictadura y represión, olvidan que la aplicación de la Ley y Estado de Derecho para salvaguardar la Paz corresponde al Estado, misma fórmula aplicada en Estados Unidos cuando los arengados por Trump, tomaron el capitolio en enero de 2021 luego de perder las elecciones presidenciales.
Ahí, se aplica dicen, el “Estados de Derecho”, tanto así que Trump aún enfrenta algunos cargos judiciales por sus actos subversivos, ello, aunque la Ley de su país, le permita competir por la presidencia nuevamente. Mientras que en Venezuela, Machado y González se dicen perseguidos políticos y víctimas de represión.
En términos absolutos la diferencia entre Maduro y González es suficiente para declarar ganador al primero, pero para la derecha venezolana y los injerencistas extranjeros 6 puntos porcentuales no significan nada y en un acto de reinventar la aritmética, declaran que la elección fue “cerrada”. En cualquier caso, la cobertura y sesgo informativo extranjero, son una clara violación a la soberanía venezolana y al principio de la autodeterminación de los pueblos.
La posición de la derecha venezolana y de los injerencistas extranjeros era de esperarse, pues si en México, con una diferencia tan amplia en los comicios les parece una aberración, con más razón increparían los exiguos 6 puntos de diferencia entre el primero y segundo lugar en los comicios venezolanos.
No podemos asegurar que las elecciones en Venezuela fueron completamente limpias y transparentes, pues aún hay mucho por hacer en materia electoral en toda América Latina, pero tampoco se puede asegurar un fraude y menos cuando las derechas latinoamericanas, han iniciado una cruzada de confrontación contra cualquier gobierno o movimiento progresista en cualquier país de la región a través de sus narrativas “anticomunistas” y del sesgo informativo a su favor.