El debate sobre la reforma judicial continúa. Para quienes se oponen a la retórica siguen siendo las mentiras, las verdades a medias y la manipulación de los hechos.
Si no aprendieron de sus errores durante la campaña electoral y ante el resultado de los comicios, allá ellos, lo que es cierto es que los hechos y los resultados, hablan por sí mismos.
Y es que precisamente ante los acontecimientos, la hoy exigua oposición, alega que la sobre representación en los congresos es “ilegal” y hasta inconstitucional, aunque haya sido lograda por la vía del voto. Alegan que eso no es democracia y que habrá que apelar a la “Ley” para demostrar que es un abuso y una aberración legislativa y constitucional.
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La verdad es que, fiel a su costumbre y a la doctrina legaloide a la que siempre aluden y en la que se amparan, no es otra cosa que buscar lagunas y fallos a unas leyes que ellos mismo diseñaron y aprobaron durante el periodo del amasiato PRI-PAN.
Cierto, podemos no estar de acuerdo con el grupo que hoy gobierna, pero llegaron a la presidencia de manera limpia, sin violencia y bajo el actual marco jurídico y constitucional, digamos que, así como ellos lo hicieron en 1988 y 2006 que, reconociendo sin conceder, obtuvieron el gobierno de la misma manera.
Hoy, el instinto y perfil legaloide de la oposición, le lleva a suponer que con la “Ley” en la mano, pueden echar abajo todo lo que consideren afecte sus intereses generados durante los años que gobernaron. Su expertis en torcer la ley, es parte fundamental para buscar reformar el sistema judicial y la impartición de justicia. La propuesta es iniciar de arriba hacia abajo para buscar un sistema judicial más asequible, limpio y transparente para todos.
Cierto, hay trabajo por delante y muchos involucrados como las comisiones integradoras de las carpetas de investigación, la tarea de las policías, judicial, estatal y federal en labores de investigación y aprehensión, así como jueces, magistrados y agentes del ministerio público en todos sus niveles. En otras palabras, una cruzada contra la corrupción.
Habrá quien piense que, para eso, no es necesario elegir magistrados por vía del voto, pero, en ello radica la discusión, pues al ser funcionarios elegidos directamente por la población, los hace más públicos y los obligará a dar la cara, a entregar resultados y ha informar a la ciudadanía sobre el estado que guarden las magistraturas durante su gestión al frente del Poder Judicial.
Pero la impartición de la justicia, que no la aplicación de la “Ley”, son cosas distintas, nos compete a todos pues queramos o no, todo ciudadano independientemente de su condición social, económica, religiosa, de género o edad, estamos sujetos a las leyes de todo tipo, desde la comercial hasta la judicial, pues tenemos ante ellas, derechos y obligaciones.
Ejemplos hay muchos y para ilustrar la magnitud con que se tuerce y manipula la ley, mencionaremos dos casos que apuntan a ese chocante pero vigente estribillo que privilegia la “impartición de justicia” para quienes tienen dinero y puede castigar y hostigar a quienes menos tienen.
El caso de Hugo Alberto Wallace desaparecido en 2005 a causa de un secuestro y posterior asesinato. Dio paso a una campaña de búsqueda por parte de Isabel Miranda de Wallace, madre del desaparecido, no sólo de su hijo si no que, también orquestó, una cacería contra los que, a su juicio, estuvieron involucrados en el asesinato de su hijo.
Al paso de los años, el caso Hugo Alberto Wallace no ha sido resuelto, pero a lo largo de este tiempo, la investigación e inculpación de los acusados se llenó de inconsistencias legales que llevo a cuando menos cinco personas a prisión sin que, necesariamente, se probara su culpabilidad.
En su afán por “encontrar justicia” Isabel Miranda de Wallace incurrió en varias violaciones a la Ley como encabezar las pesquisas, la presentación de pruebas y la colocación de anuncios en espectaculares, propiedad de su empresa, en los que señaló directamente a quienes ella aseguró, eran culpables del secuestro y asesinato de su hijo, ello, sin que un juez hasta ese momento, hubiera emitido una orden de aprensión sobre quienes la madre de Hugo Alberto, ofreció una recompensa para obtener información de su paradero.
Este hecho, ensombrecido por la corrupción, el cohecho y la impunidad, se comenzó a derrumbar cuando un juez liberó luego de varios años de cárcel, al primero de los imputados por Isabel Miranda de Wallace, exonerándolo de los cargos. Hoy, al menos tres personas más de las implicadas por la madre “buscadora”, están libres por falta de pruebas.
El segundo caso sucedió en 2004, en la ciudad de Saltillo. La joven de 16 años de edad, Silvia Estefany Sánchez Viesca Ortiz (Fanny) desapareció a unas calles de su hogar cuando regresaba del colegio. Este caso se sumó a la oleada de mujeres desaparecidas y asesinadas en el norte del país en aquel entonces.
Sin referencias, ni pistas que permitieran indagar el paradero de su hija, Silvia Ortiz y Oscar Sánchez Viesca padres de Fanny, iniciaron el viacrucis para buscar y recuperar a su hija, esta odisea llevo a los padres a tocar todas las puertas e instancias de gobierno para solicitar ayuda en la investigación e indagaciones sobre el paradero de la joven.
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, los padres de Fanny buscaron apoyo en organizaciones internacionales para la búsqueda de su hija. En su incesante búsqueda de justicia, los padres fueron cooptados tanto por el crimen organizado como por las autoridades entorpeciendo así la búsqueda e impartición de justicia.
Al día de hoy, Fanny, junto con miles de mujeres desaparecidas, no ha sido localizada y en el proceso de búsqueda, sus padres tuvieron que pisar la cárcel y enfrentar a las autoridades sentando así las bases de un caso de impunidad y corrupción en la impartición de una “justicia” selectiva que ahoga y lacera a toda la sociedad mexicana.
Torcer la ley parece sencillo cuando se trata de procurar y hacer valer privilegios. No reformar el poder judicial, podría significar que sigan prevaleciendo casos como los mencionados.
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RÈPLICA