Platafomas digitales como Shein y Temu representan un grave golpe para la industria textil mexicana.
Pues resulta que estas empresas que venden artículos por internet, principalmente ropa, causan un daño importante al erario, al empleo y al crecimiento del sector del vestido y calzado.
A través de las distintas aplicaciones cada día se entregan en promedio 160 mil paquetes bajo el esquema “caja por caja”; la mayoría no pagan impuestos, lo que significa que más de 3 millones de paquetes procedentes de Asia generan pérdidas para el erario por 38 mil millones de pesos. Pero eso no es todo, la mala calidad de los productos hace que se desechen casi de inmediato con el consecuente impacto al medio ambiente.
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Por lo pronto, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido ya levantó la voz con el gobierno actual y con el equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a fin de que la competencia sea pareja y se lleven a cabo las modificaciones regulatorias y fiscales necesarias.
Y aunque la autoridad fiscal tiene en la mira a estas empresas, las medidas todavía son insuficientes para contener el daño al erario y al sector. Hace unos días el Servicio de Administración Tributario (SAT) modificó las Reglas Generales de Comercio Exterior, a fin de evitar posibles delitos de contrabando y defraudación fiscal por parte de estas plataformas.
Nos adelantan que el SAT detectó diversas irregularidades en el arribo de mercancías que buscan evadir el pago del Impuesto General de Importación (IGI) y del IVA. Y además de omitir las cargas impositivas, incumplen con regulaciones y restricciones no arancelarias.
Por ejemplo, nos cuentan que la mayoría de los envíos son menores al equivalente a 50 dólares, a fin de no tributar, lo que deja en desventaja a quienes comercializan sus productos de manera directa.
Por lo pronto, países como Estados Unidos, Francia y otras naciones europeas trabajan en una regulación para frenar este tipo de prácticas.
Y ya que hablamos de temas fiscales resulta que dentro de la propuesta de reformas al poder judicial, un tema del que poco se habla es el apartado sobre justicia expedita, ya que se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y de 1 año para asuntos penales.
En caso de cumplirse con el periodo y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de Tribunales Administrativos.
Esta disposición constitucional, una vez aprobada, obligará a reformar el Código Fiscal de la Federación para establecer montos en materia tributaria sobre los que no podrá haber oportunidad de defensa que sea mayor a seis meses, con lo que se pondría en riesgo el acceso a una justicia plena, pues en un sistema judicial con garantías, toda resolución de una primera instancia puede revisarse en un nivel superior para lo que se requiere el estudio completo e íntegro del caso.
Así las cosas…