Una de las noticias más leídas y compartidas en los últimos días ha sido la de los volúmenes de agua recolectados en las diferentes presas del país a propósito de las lluvias derivadas por fenómenos meteorológicos recientes. Se ha aplaudido el llenado casi total de las de Nuevo León, se ha externado preocupación por la insuficiencia para reactivar al Sistema Cutzamala a más del 60 por ciento, y se monitorean muchas otras más que llegaron estar a casi el cero por ciento de su capacidad y comienzan a tener algunos resabios.
Desde hace varios años se ha manejado en los medios de comunicación la posibilidad de la llegada del Día Cero, ese día en el que no se podrán suministrar o abastecer las cantidades de agua que actualmente requerimos. Cuya consecuencia sería la escasez de la misma y la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas de la población.
Al respecto, el conjunto de instituciones académicas y organizaciones Redes del Agua México, han manifestado una preocupación por el mal manejo de los recursos hídricos en el país. Algunos de los datos compartidos indican que en el país no hay una legislación adecuada en la materia; menos del 50 por ciento de la población tiene acceso a un suministro continuo de agua; 22.3 por ciento del agua concesionada está en manos del 1.1 por ciento de los usuarios del agua; 70 por ciento de los ríos del país están contaminados, puesto que sólo el 16 por ciento del agua industrial es tratada y llega de manera directa a los afluentes; hay un sobre concesionamiento del agua tanto superficial como subterránea, que beneficia a industriales, embotelladoras, mineras, automotrices y empresas agropecuarias, y al menos 20 millones de personas consumen agua con niveles de fluoruro por encima de los permisibles en nuestro país.
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Ante el panorama, han presentado una serie de recomendaciones para la elaboración de líneas estratégicas en la materia. Entre estas, destacan la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, la inversión prioritaria focalizada para cerrar la brecha de desigualdad en el acceso al agua y al saneamiento en hogares de comunidades rurales, indígenas, urbanas y periurbanas, la garantía de la calidad del agua para proteger la salud de todas las personas, Gestionar de forma circular el agua y de forma eficiente los servicios de agua y saneamiento incrementando el tratamiento del agua usada, Fortalecer y/o renovar las instituciones públicas con vigilancia ciudadana para asegurar el agua como bien común, de propiedad de la nación para beneficio social y promover una gobernanza efectiva, transparente y justa del agua con la posibilidad de que la ciudadanía ejerza un control ciudadano.
Durante su más reciente visita a México en marzo pasado, el relator especial sobre los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Pedro Arrojo Agudo, señaló ante los medios de comunicación que “la lógica en la gestión de agua debe ser profundamente cambiada” debido a que casi el 25 por ciento de la misma está en manos de menos del uno por ciento de la población, sumado a que en las redes urbanas se pierde el 40 por ciento del agua y hay nula gestión en el cuidado de los humedales y de los acuíferos.
Por eso, confío en que durante los próximos años se haga una mejor gestión del agua, se hagan las paces “con nuestros acuíferos, afluentes y humedales” y se recupere la salud de la ingeniería natural del ciclo hídrico. Además de promover una gobernanza democrática del agua, entendida como un bien común no como una mercancía.
Sumado a una reforma a la Ley General del Agua que ponga al centro de las políticas en la materia a la gente y haga valer el derecho reconocido en el artículo 4 de la Constitución, de que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, siendo uno de los deberes del Estado hacía con la ciudadanía.