A pesar de que la mayoría de los políticos se la pasan hablando y haciendo cosas ante los medios y las redes, no necesariamente conocemos lo que verdaderamente piensan. La mayoría de lo que dicen refleja más la cultura y maneras de pensar de sus electores, que de ellos mismos.
Por eso es que en voz de personajes políticos escuchamos desde teorías de la conspiración hasta la promoción de los escapularios como defensa ante todo mal. Por supuesto, no dejarán de señalar la existencia de enemigos invisibles que desde el pasado o el sótano de una pizzería en Washington (en verdad, esto lo creen muchos) se juntan para atacar un país y abusar de bebés.
Valentina Gomez, candidata republicana a la Secretaría de Estado en Missouri sube videos diciendo cosas como “en América donde uno puede ser lo quiera, no elijas ser débil o gay”, o diciéndole a los afroamericanos que si no les gusta Estados Unidos entonces se vayan por ahí del rancho de López Obrador. Esta candidata le apunta a aquellos que ven como la amenaza al país a las minorías y las corrientes ideológicas distintas a la suya.
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En ese mismo estado está también Cori Bush, demócrata que ganó las elecciones en su distrito y ahora es integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dentro de sus múltiples méritos está hacer caminar a niños con discapacidad motriz, así como desaparecer tumores en el cuerpo, siempre a través de la oración. Ella, sin embargo, se enfoca en quienes solamente contemplan valores progres para vivir.
Todas esas cosas que dicen pretenden ganarse la confianza de su público objetivo, no decir su verdadera opinión. Quieren verse igual que sus electores, y lo hacen explotando esa tendencia humana a saberse poseedor de las verdades más profundas. A muchos nos costará seguir una receta de cocina o las instrucciones para el bluetooth, pero somos expertos en los secretos del universo, los errores de la teoría de la evolución, la medicina y los no-efectos del tratamiento hormonal en pubertos.
Por eso no vemos preocupante la pretensión de que los jueces federales sean electos por voto popular. Supongo que nos consideramos capaces de distinguir la capacidad legal de un aspirante a juez a través de sus principios en favor o en contra de un gobierno, sus colores políticos o las corrientes sociales que diga abrazar. Resulta paradójico que para que un juez sea eficiente debe despojarse de todo eso precisamente, incluso, a pesar de parecer que actúa en contrario al sentido común.
En días recientes resurgió el caso de una hoy activista que fue víctima de agresiones por parte de su expareja. Si bien hubo una sentencia por tentativa de feminicidio, un amparo dejó sin efectos el castigo y se entiende que se ordenó reponer el proceso. Por supuesto que para esta persona la fiscalía es su aliada, la ley su herramienta, pero el juez el obstáculo para obtener justicia. Evidentemente no puedo opinar sobre el expediente porque no lo conozco. Pero en casos similares se ha evidenciado cómo las leyes son el obstáculo para obtener justicia debido a lo complejo, impráctico y contradictorio de sus textos, las fiscalías realizan investigaciones plagadas de errores, y como consecuencia a un juez de amparo le toca evidenciar los vicios del expediente.
Un ejemplo parecido es el del Fofo Márquez. El fiscal consignó también por tentativa de feminicidio, siguiendo el interés social, cuando la opinión de los expertos es que no hay cómo justificar esa acusación. Obviamente, también hay casos en los que son los jueces quienes actuaron indebidamente. Distinguir los vicios de un proceso judicial no es cosa sencilla. Los escapularios no ayudan.
Esta semana conocimos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en la que concedió al ex presidente Trump inmunidad por actos cometidos durante el ejercicio de su encargo como presidente, relacionados con su oposición a reconocer los resultados de la elección presidencial en la que perdió contra Joe Biden. Un detalle no menor es que la Corte dijo que la inmunidad no aplica a sus actos cometidos en carácter privado, o sea, fuera de sus funciones oficiales, por lo que las investigaciones sobre ese punto pueden continuar. Fue una decisión dividida en la que los jueces de perfil conservador votaron a favor de esta decisión, y los jueces de perfil liberal en contra. Estos jueces no son electos, sino propuestos por el presidente en turno cuando se abre una vacante. A lo mejor es una coincidencia que el criterio legal de estos jueces coincidió con el perfil político que los caracteriza. Pero de no ser así, al menos algunos de los jueces estarían influenciando su análisis legal por su pensamiento político. Decidir si hubo criterios distintos a los jurídicos de algún integrante de la Corte implica hacer un profundo análisis legal. Un diagnóstico de este tipo es un ejercicio técnico y complejo, tanto como el de un ingeniero o un médico.
Es por eso que me preocupa ver jueces en campaña. No creo que nos vayan a decir cosas como “voy a aplicar la ley aun en contra de la voluntad y opinión de la mayoría, o el sentido común”. No, seguro nos dirán que van a castigar a los criminales y van a proteger a las víctimas, siempre con las perspectivas sociales vigentes. Claro, estas aspiraciones son legítimas y necesarias, pero aplicarlas de una manera definida por las tendencias o creencias populares va en contra de la aspiración social original: vivir en un estado de derecho.
Ojalá que nuestros jueces, si son electos, no duden en favorecer, cuando el caso así lo indique, a un protestante sobre un católico, a un hombre sobre una mujer, a un migrante sobre un local, a un rico sobre un pobre, o incluso, un delincuente sobre una fiscalía inepta. No es fácil estar de acuerdo con esto, pero no debemos renunciar a ello a cambio de una estampita de la virgen o la promesa de frenar una conspiración detectada por el nuevo Juez Dredd, quien lo único que verdaderamente quiere es seguir en su puesto.