La destrucción de capacidades del estado mexicano por la 4T para cumplir las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de la población ha sido sostenida y mucha más profunda que aquella realizada por los gobiernos “neoliberales”.
Llevada a cabo de manera irracional, con una profunda ignorancia sobre la organización y las funciones de un estado social de derecho y sobre el aumento de la complejidad social y los riesgos de la humanidad, se argumenta que cumple con los “principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y el derecho a una mejor administración”; la famosa austeridad republicana o nadie puede ganar más que el presidente de la República.
Con mucha frecuencia me he preguntado a quién le encargaron reducir a machetazos presupuestos, desaparecer o minimizar instituciones, áreas de gobierno como subsecretarías y oficialías mayores, fideicomisos, bancos de desarrollo, organismos públicos autónomos.
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¿Cuál es el proyecto de administración pública de la 4T? ¿Se reduce a recaudar impuestos para entregarlos a la población mediante transferencias directas individuales y sin que los beneficiarios tengan que hacer nada por recibirlas? Además, diciéndoles, mediante un ejército de servidores de la nación, que son beneficios que les otorga el presidente.
El deterioro de la calidad de vida para toda la población será cada vez mayor y más evidente por este desprecio a la función pública, aunado a la expulsión de servidores públicos con conocimientos y experiencia para ser sustituidos por personas cuyo único mérito es tener la confianza del presidente de la república y sus allegados, así como por la falta de inversión suficiente en mantenimiento y equipamiento de servicios públicos sociales de salud, educación, transporte, distribución de agua, entre otros.
Ya lo estamos experimentamos con la dificultad para enfrentar los incendios forestales de este año, con la pérdida de calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el aumento de alergias y enfermedades respiratorias, con la incapacidad del gobierno para enfrentar el desastre en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán, con el aumento de las extorsiones y la impunidad, con la escasez de medicamentos y la disminución de la vacunación infantil, con la mayor frecuencia de descompostura de los aparatos eléctricos por fallas en la provisión de energía eléctrica, con la afectación a los productores de alimentos por la desaparición de la financiera para el desarrollo agropecuario o con los crecientes problemas que enfrenta la población para la realización de trámites.
La integración de varios organismos públicos autónomos a las secretarías de la administración central del gobierno propuestos en el Plan C bajo el pretexto de simplificación orgánica, representa un gran retroceso en la lucha ciudadana por la democracia que buscó quitarle al gobierno autoritario del PRI decisiones que le permitían reproducir y mantener su poder mediante concesiones y permisos o por vía de la organización de las elecciones, así como obligarlo a ser transparente en el uso de los recursos públicos y el ejercicio del poder. Un retroceso de al menos 30 años.