En el curso de la administración que está por terminar estamos a un paso de retroceder una vez más, en la realización y respeto de nuestros derechos humanos.
La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial no mejorará el sistema de justicia que tanto afecta a millones de ciudadanos en el país. Tampoco acabará con la corrupción que existe en la procuración e impartición de justicia, como no se ha acabado con la que prevalece en los congresos, ni en los poderes ejecutivos.
Por lo tanto, es un gran absurdo que dos poderes donde persiste la corrupción quieran llevar a cabo un cambio como el que se propone. No es en beneficio de la ciudadanía. Es una gran mentira.
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El propósito en realidad es la captura por la 4T del único poder que pone límites a las constantes violaciones que realiza el presidente de la República a la Constitución y a las leyes que de ella se derivan. Es acabar con la figura del amparo, único medio que actualmente tenemos para defendernos de los atropellos y arbitrariedades de las autoridades. También acabar con la posibilidad de frenar leyes expedidas por el Congreso que violan los preceptos constitucionales.
El sometimiento del poder judicial a elecciones por voto directo del “pueblo” significará el control absoluto del poder político del país por la presidenta. Es volver a los años sesenta del siglo pasado si además el Congreso aprueba las otras modificaciones a la Constitución propuestas por el actual presidente.
El Estado mexicano ha sido incapaz de construir un sistema de justicia que proporcione a la población seguridad en su integridad, en su vida, en su libertad, en su patrimonio, ni en su actividad de trabajo y que responda a los principios de igualdad, imparcialidad, derecho al debido proceso, presunción de inocencia y reparación del daño.
Los crecientes niveles de violencia que hemos experimentado en esta administración se relacionan en parte importante, con la elevada impunidad que prevalece en el país. Los delincuentes saben que difícilmente serán capturados y juzgados.
El sistema de justicia no sólo incluye al poder judicial y a tribunales de diversas materias, federales y estatales. También se integra por la defensoría pública, los medios alternativos de solución de conflictos y de manera muy importante, por los ministerios públicos que deberían encargarse de investigar y armar los expedientes.
Nada ha propuesto la 4T sobre las fiscalías. Aun cuando la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México son instituciones autónomas han sido utilizadas por las actuales autoridades para meter y mantener a personas injustamente en la cárcel, para investigar a quienes consideran adversarios o para aplicar la prisión preventiva ampliada por el actual gobierno. Además, en las fiscalías tanto federal como estatales prevalecen altos niveles de corrupción.
Ese es el futuro de un poder judicial sometido a una elección de tipo político: perder su independencia y quedar al servicio del partido en el poder.
Grave regresión.