Se realizaron al fin las elecciones Se terminó la campaña electoral más larga e inequitativa de la historia reciente de nuestro país. Como suele suceder, el 40 % de la ciudadanía no acudió a votar.
Del 60 % que si voto 35 % lo hizo por la candidata del oficialismo y 25% por los candidatos de la oposición. Los resultados muestran que una parte de la población prefiere tener el dinero en el bolsillo, derivado del muy justo y necesario aumento del salario mínimo legal, de las transferencias que otorga el gobierno, de las remesas y de los miles de millones de pesos ilegales que se usaron para comprar votos. Al parecer no les interesa esperar a que alguien se ocupe de hacer efectivos sus derechos sociales con servicios públicos de salud, educación y protección social.
Una parte del voto por Claudia Sheinbaum, según algunos articulistas, provino de las clases media y altas con la esperanza, que dado su perfil de científica, lleve a cabo un mejor gobierno que el de AMLO. Ni Xóchitl Gálvez ni las propuestas de la alianza opositora las convencieron de que podían gobernar.
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Pero al despertar de la larga pesadilla de las campañas y la jornada electoral, nos dimos cuenta que los graves problemas colectivos que debieron ser atendidos por el gobierno actual, seguían allí y se siguen generando nuevos.
El más grave de todos es la violencia dado el poder y el control de territorio que ejerce la delincuencia organizada. Ahora a la necesidad de separar el poder político del económico, se agrega la de separar el poder político del poder criminal. Quienes afirman que las elecciones fueron pacíficas que pregunten a los candidatos amenazados y asesinados, a quienes fueron electos y están en riesgo, así como a las poblaciones que fueron obligadas a dar su voto por la candidata oficial.
Los homicidios, las masacres, las desapariciones, los despojos, los desalojos, el cobro de piso y la extorsión siguen aumentando y extendiéndose de manera exponencial como es el caso de Chiapas.
Otro grave problema es la polarización que, si bien ha creado una identidad entre las poblaciones históricamente explotadas, genera confrontaciones, incluso odio y separa a amigos, parientes y vecinos. Es combustible para la violencia.
La presidente electa se enfrentará a una destrucción institucional que ha cancelado o disminuido capacidades centrales para el ejercicio de gobierno. Por ejemplo, se ha abonado a una política social neoliberal mediante las transferencias monetarias al continuar trasladando la demanda de servicios de salud y educación al sector privado..
Asimismo, han desaparecido o reducido los presupuestos de instituciones que permiten ejercer una necesaria actividad regulatoria o atender a grupos vulnerados de la sociedad como los refugiados y las mujeres violentadas o proteger recursos como el agua, los bosques, los recursos mineros o la diversidad ecológica.
Las personas pueden tener más dinero en el bolsillo, pero la capacidad para atender el bienestar colectivo se encuentra muy vulnerada.