El pasado 19 de julio (2024) la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen en el que señala que los territorios de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza constituyen una sola unidad política, es decir Palestina, y que la ocupación israelita de estos territorios es ilegal y debe terminar.
Tal determinación corresponde a la opinión generalizada que desde hace décadas tiene la mayoría de la población del planeta y sus gobiernos. No obstante que así lo dictamine la Corte Internacional de Justicia (CIJ, en adelante) constituye un hecho de la mayor relevancia histórica y viene a socavar y destruir las bases sobre las que una minoría de gobiernos occidentales le dan a Israel un apoyo sin las más mínimas restricciones morales o legales.
La CIJ es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos 193 Estados soberanos son parte del tratado que reconoce su autoridad. Es por lo tanto la mayor autoridad judicial del planeta. Las funciones de la CIJ son dos: resolver conforme a derecho las controversias jurídicas que le sean sometidas por los Estados, y segundo, la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan órganos o instituciones de la ONU.
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Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas la que en diciembre de 2022 solicitó, por mayoría de votos (incluido el de México) que la CIJ se pronunciara sobre las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.
La respuesta ha sido contundente; la CIJ señala no solo que la presencia continua del Estado de Israel en territorio palestino ocupado es ilegal; indica también que Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal lo antes posible, lo que incluye evacuar a todos sus colonos del territorio ocupado. Israel deberá también reparar los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas por su ocupación. Entre las criticas incluye sus prácticas de segregación racial y religiosa y la apropiación de todo tipo de recursos.
La CIJ señala que todos los Estados y organizaciones internacionales tienen la obligación de no reconocer como legal la presencia del Estado de Israel en el territorio palestino y de no prestar ayuda o asistencia para mantener esa presencia ilegal.
Para llegar a esta conclusión participaron de manera oral y escrita ante la CIJ más de una cincuentena de países, Palestina, Israel y Estados Unidos.
Dado que la CIJ es un organismo legal que no cuenta con instrumentos operativos su dictamen establece que las Naciones Unidas, y especialmente la Asamblea General que solicitó la opinión y el Consejo de Seguridad deberán considerar las nuevas medidas necesarias para poner fin lo antes posible a la presencia ilegal de Israel en los territorios ocupados de Palestina.
La determinación legal de la CIJ no provocará un cambio radical e inmediato. No obstante, el mensaje es poderoso y provoca respuestas que cimbran a todo el mundo.
Israel reaccionó ordenando la evacuación de 180 mil palestinos en menos de una hora de lo que antes había designado como zona de seguridad en la ciudad de Khan Younis. Transcurrido el plazo realizó un bombardeo para, dijo, eliminar terroristas; lo cierto es que destruyó escuelas, clínicas ya prácticamente inactivas, viviendas y todo tipo de infraestructura. En paralelo los colonizadores israelitas en Cisjordania incrementaron sus ataques a la población local.
El gobierno israelita propuso a su propio parlamento definir a la Agencia de la ONU que da ayuda humanitaria a la población palestina como una organización terrorista. Josep Borrel, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y 26 países europeos señalaron que tal propuesta era falsa e insensata.
Palestina dio una gran sorpresa el 23 de julio cuando 14 facciones políticas, incluyendo las dos principales, Hamas y Fatah, dominantes en Gaza y Cisjordania respectivamente, firmaron un acuerdo de reconciliación y unidad. Este acuerdo, auspiciado por China, se firmó en Beijing. La unificación se hace bajo el estandarte de la Organización para la Liberación Palestina, pero incluye a Hamas y otras facciones.
Decenas de países han manifestado oficialmente su respeto a la decisión de la CIJ. Algunos llaman a Israel a cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional. Otros, como Turquía, dan a entender que tomarán decisiones firmes contra las prácticas ilegales de Israel. El Reino Unido señala que respeta la independencia de la Corte y reflexiona antes de dar una respuesta oficial, entretanto dejó de oponerse a una posible orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu.
Resalta como excepción la posición de Estados Unidos. Días después del dictamen de la CIJ, el congreso norteamericano recibió con aplausos a Netanyahu, el primer ministro de Israel que evitó mencionar un posible cese al fuego. Fue notoria la ausencia de la candidata presidencial Kamala Harris, de Nancy Pelosi, y de cerca de la mitad de los congresistas demócratas.
Este dictamen de la CIJ eleva la posibilidad de que la misma corte defina más adelante que Israel efectivamente ejecuta un genocidio en Palestina.
Los cambios ocurren no solo a nivel de gobiernos. Sin duda el dictamen legal impulsará las manifestaciones contra Israel tanto en países árabes como occidentales creando tanto impactos político-electorales como desestabilización.
Son cambios en la esfera legal que ocurren en un contexto de reestructuración de las fuerzas económicas y geopolíticas globales. Crece el número de países que se integran a la alianza original del BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) que superan en población y tamaño económico a los países del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá). Se trata de una transición de poder económico y militar que crea puntos de conflicto de alto riesgo para el planeta entero: Palestina, Ucrania, Taiwán, entre ellos.
Importa señalar que el dictamen hace evidente otro campo de conflicto; el de dos tipos de legalidad incompatibles entre sí. Uno es el sistema de reglas internacionales impulsado por los Estados Unidos y sus aliados occidentales y otro muy distinto es el de la legalidad internacional basada en la estructura de las Naciones Unidas y sus organismos, en particular precisamente la Corte Internacional de Justicia. El primero se ha asociado hasta ahora al ejercicio de la superioridad militar; el segundo cuenta con el creciente apoyo internacional como mecanismo de paz.
Las reacciones apenas empiezan; se irán haciendo cada vez más interesantes.