La Ciudad de México ha enfrentado diversos problemas ambientales en las últimas décadas, desde la mala calidad del aire y la pérdida de zonas verdes, hasta la crisis del agua y la gestión deficiente de residuos. Estos desafíos afectan tanto la salud de la población, como la biodiversidad y la resiliencia ambiental de nuestra ciudad.
Ante esta realidad, la reciente aprobación de la Ley de Responsabilidad Ambiental representa un avance crucial en la legislación local. Esta ley no solo responde a una necesidad urgente de regular y mitigar los daños ambientales, sino que también establece un marco sólido para la reparación y restauración de los ecosistemas afectados. Lo que distingue a esta nueva legislación es su enfoque integral y su capacidad para abordar tanto la prevención como la sanción de los delitos ambientales.
Uno de los aspectos más innovadores de esta ley es la introducción de sanciones económicas severas, que pueden alcanzar hasta 65 millones de pesos para las empresas que cometan infracciones graves. Este tipo de penalizaciones tienen un efecto preventivo al igual que generan fondos que se destinan específicamente a la reparación de daños ambientales, asegurando así que los recursos se utilicen de manera efectiva para restaurar el equilibrio ecológico.
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Además, la creación de juzgados especializados en materia ambiental es una medida pionera que garantiza que los casos de daño ambiental sean tratados con la seriedad y el conocimiento técnico necesarios. Esta especialización dentro del sistema judicial es esencial para asegurar que las decisiones se tomen de manera informada y justa, y que las sanciones sean proporcionales al daño causado.
La participación activa de colectivos ciudadanos y expertos en la formulación de esta ley ha sido fundamental para su éxito. La inclusión de diversas voces ha permitido que la normativa refleje las preocupaciones y necesidades reales de la comunidad, lo que fortalece su legitimidad y eficacia. Sin embargo, para que esta ley tenga un impacto real, es indispensable la colaboración de todos los sectores de la sociedad, desde las autoridades hasta los ciudadanos.
Como Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, celebró la aprobación de esta ley. Me alegra ver que se ha logrado un amplio consenso para impulsar iniciativas tan importantes y necesarias para el bienestar de la ciudad.
Esta legislación representa un paso decisivo hacia un futuro más sostenible para la Ciudad de México. Nos ofrece una herramienta poderosa para proteger nuestro entorno y es un llamado a la acción para todos los sectores de la sociedad. La Ciudad de México tiene el potencial de convertirse en un líder en materia ambiental, y esta ley es un paso fundamental en esa dirección. La responsabilidad es de todos y todas, y solo mediante un esfuerzo conjunto podremos asegurar un entorno saludable y sostenible para las futuras generaciones.