Mucha tinta ha corrido en el análisis de la propuesta de reforma constitucional para la elección de los integrantes del Poder Judicial. Es por tanto innecesario insistir en que esta propuesta de reforma es incompleta por no atender los graves problemas de las fiscalías y ministerios públicos, ni abordar los asuntos de la impartición de justicia en tanto el funcionamiento y responsabilidades de los jueces, ministros y magistrados, sino centrarse en los métodos para su selección de los mismos y proponer una elección por voto popular que no tendría que someterse a criterios de excelencia, sino a un respaldo de la ciudadanía difuso, confuso y profuso que pudiera ser resultado de simpatías y no de reconocimientos y valoraciones de capacidad. Por ello, como en su momento lo iniciara el exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío, una vertiente digna de explorarse es la viabilidad práctica de realizar el ejercicio de elección de los integrantes del poder Judicial conforme se propone.
La cantidad de elecciones
Partamos de los cálculos de Cossío: una elección por voto popular de jueces en una entidad como la Ciudad de México supondría la instalación de más de 570 urnas para elegir entre más de dos mil ciudadanos, aunque ello disminuiría en otras entidades, pues por ejemplo en Nayarit, donde se requeriría la instalación de 73 urnas donde se elegiría entre cerca de trescientos ciudadanos. Pero veamos el caso extremo de la Ciudad de México.
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En esta entidad tendría que disponerse de más de 4.5 mil millones de boletas para las cerca de dos mil quinientas casillas que, si instalarían, de disponerse de la misma cantidad que para procesos electorales legislativos, por lo que se tendría que contar con apenas poco menos de dos millones de boletas por casilla. Suponiendo una participación de 18 por ciento de electores, similar a la que se diera en el ejercicio de revocación de mandato, se emitirían en la entidad capital un total de más de 800 millones de votos, por lo que en cada casilla debieran recibirse cerca de 350 mil votos o casi seiscientos votos por minuto de operación. ¿Cuántos secretarios debieran tenerse para poder repartir las boletas para votar de los electores que acudan para sostener un ritmo de entrega de seiscientas por minuto? ¿Cuál sería la extensión de la mesa de votación para administrar esta paquetería? ¿Cuál tendría que ser la superficie de la propia casilla para albergar las 570 urnas? ¿En cuánto tiempo podría desahogarse el cómputo de resultados y el llenado de actas de cierre para las 570 elecciones? ¿Cuántos escrutadores se requeriría para contar los 350 mil votos por mesa? Eso supondría un número de votos veinticinco veces superior a los existentes en elecciones como las del pasado 2 de junio ¿Mesas de cincuenta personas por la cantidad de secretarios y escrutadores requeridos’ ¿Quién coordinaría y vigilaría que los cómputos se hagan bien en mesas de esa magnitud?
La calidad de las elecciones
Ahora bien: ¿a cuántos de los cerca de dos mil aspirantes podría reconocer al menos por nombre un ciudadano que acuda a votar? ¿De cuántos de ellos pudiera tener idea de su formación y trayectoria? Eso hace pensar que muy factiblemente los electores simplemente llenen las boletas sin contar con una mínima información, por lo que el orden de los contendientes en la tarjeta que se emplee será determinante en el resultado, tendiendo a tener más votos quien aparezca en primer lugar en la lista, seguido de quien aparezca en último y castigándose a los que se sitúen en posición intermedia ¿Sería por orden alfabético, orden de registro, sorteo? Si fuera sorteo, ¿cómo y cuándo se realizarían los 570 sorteos requeridos? Si no lo fuera, ¿querríamos tener jueces cuyo apellido inicie con las primeras letras del abecedario o impulsar una competencia codo a codo por tener el registro más temprano? ¿Cuál sería la legitimidad de un juez que recibió sus votos sesgados por patrones como estos y quién consiguiera el respaldo de menos de la décima parte de los ciudadanos en la inmensa mayoría de casos?
Si la elección de magistrados y ministros es cuestionable por razones de méritos, dada la naturaleza de sus funciones, por lo que debiera exigirse una experiencia y posicionamiento previo que garantice su capacidad para cubrir la posición, la elección de jueces es un sinsentido que resulta inviable de procesar. Ojalá se dieran cuenta los legisladores de que, más allá de atender los caprichos del gobernante, debieran considerarse aspectos prácticos a la hora de decidir si se eligen por voto popular ciertos cargos en el ámbito judicial del país.